Efectivos de la Policía Federal y la Metropolitana participan de un operativo para desalojar un predio en el Bajo Flores por orden de la Justicia, luego de que ambos gobiernos, el de la Ciudad y la Nación, no pudieran acordar otra medida.
Unos 400 efectivos forman parte del amplio despliegue. Un censo realizado el 28 de abril por pedido de la Justicia contabilizó 245 personas instaladas sobre las veredas de Riestra y Portela.
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En total, 204 departamentos fueron usurpados a principios de marzo. Los okupas exigen ser incorporados en planes de viviendas definitivas pero el gobierno de la Ciudad niega esa posibilidad. Ofrece el pago de subsidios habitacionales.
El 9 de marzo, Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, dispuso que el predio ocupado ilegalmente fuera desalojado, y multó a la Secretaría de Seguridad de la Nación en 500 pesos diarios por cualquier demora que impida efectivizar la medida.
La medida se enmarcó en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la causa "Mendoza", que en 2008 ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Para ello, el Gobierno de la Ciudad -a través de la Corporación del Sur- comenzó la construcción de poco más de 200 casas tendientes a recibir a los vecinos desplazados de la costa del Riachuelo.
La decisión del juez Armella se conoció una semana después del cierre de la causa contra manifestantes K por la toma del Parque Indoamericano, donde luego de un violento enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía Federal, y del pedido público del jefe de Gobierno Mauricio Macri de que las autoridades nacionales intervengan en el conflicto, se acordó el otorgamiento de créditos y planes que serían financiados tanto por el Gobierno nacional como por el metropolitano.
