La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso hoy que se practique un aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires, al asegurar que "no existen obstáculos que impidan llevar a cabo la práctica solicitada" por una mujer víctima de una violación.
La resolución fue difundida esta noche en respuesta a un fallo judicial dictado el martes pasado por la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, quien hoy fue apartada de la causa por la Cámara Civil.
Durante la jornada, el nuevo magistrado al frente del caso, Miguel Ricardo Guiraldes, había aceptado las apelaciones presentadas por la mujer que solicitó someterse a un aborto no punible y el gobierno porteño, que había autorizado la intervención quirúrgica en un hospital público.
En un fallo firmado por seis de sus integrantes, la Corte Suprema resolvió esta noche suspender la ejecución de la medida cautelar firmada por la jueza Rustán de Estrada.
Además, comunicó a las autoridades de la Ciudad que, ante el pedido de realizar el aborto no punible, "deberán proceder a la realización de la práctica prescindiendo de la resolución judicial que suspendió" la intervención.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, según destacó un comunicado de la Corte Suprema, sostuvieron su decisión en el fallo emitido el 13 de marzo pasado.
Ese día, el tribunal ratificó que el aborto no es punible cuando es producto de una violación, por lo que la interrupción del embarazo no está supeditada a un trámite judicial.
"La medida que se adoptará", dijo el máximo tribunal respecto de la interrupción del embarazo, "es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles".
En el expediente, que atravesó varios frentes judiciales, quedaron involucrados el jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, denunciado penalmente por legisladores porteños por difundir datos sobre el caso; los abogados de la Asociación Pro Familia, que pidieron que se suspenda el aborto; y la jueza Rustán de Estrada, cuestionada penalmente y ante el Consejo de la Magistratura.
El aborto no punible, el primero en la ciudad tras la reglamentación del protocolo para el sistema de salud en la Capital Federal, debía realizarse el martes en el Hospital Ramos Mejía.
La interrupción del embarazo fue suspendida el mismo día por la jueza a raíz de una medida presentada por el abogado Pedro Andereggen, de la Asociación Pro Familia, quien pidió que no se realice el aborto, apelada ayer por el abogado de la mujer y el gobierno porteño.
