El abogado Juan María Aberg Cobo, defensor del represor Alfredo Astiz, recusó al juez federal Sergio Torres y a los integrantes del Tribunal Oral Federal 5, quienes intervienen en la investigación de delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
El ex marino, conocido como "el ángel rubio" y uno de los personajes más nefastos de la última dictadura militar, está acusado de la despaparición de la Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, de dos monjas suecas y del escritor y periodista Rodolfo Walsh.
El letrado consideró que existen "razones legítimas para dudar" de su imparcialidad a raíz del cuestionamiento que les hicieron por no haber dispuesto que fuese a una cárcel común el ex Prefecto Héctor Febrés, muerto por ingesta de cianuro en dependencias de Prefectura donde cumplía prisión preventiva.
El defensor de represores imputados en delitos de lesa humanidad -también asiste a los ex marinos Antonio Pernías y José Martínez Pizarro y al ex dictador Reynaldo Bignone- citó paradójicamente numerosos tratados y fallos de tribunales internacionales de Derechos Humanos para fundar su escrito, justamente los mismos que Astiz violó sistematicamente durante su accionar en los años de la dictadura.
"Debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto deriva de la confianza qué los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar en los justiciables, comenzando, en el orden penal, por los acusados", sostuvo el letrado utilizando una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Aberg Cobo recusó a los jueces como epílogo de un escrito de 15 carillas, al que tuvo acceso Télam, donde afirma que "los ánimos de Torres y de los integrantes del Tribunal podrían estar perturbados a raíz de una presentación efectuada por algunos organismos de derechos humanos".
En la presentación -titulada "plantea recusación con causa" y presentada en la última jornada hábil previa al receso estival que comenzó ayer- Aberg Cobo sostiene que aquel cuestionamiento a los magistrados " puede provocar un estado de ánimo adverso en esta causa, constituyendo un legítimo motivo de duda acerca de la imparcialidad de estos jueces en el caso concreto".
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, son reiteradamente citados en el escrito de la defensa de Astiz.
Aberg Cobo concluye que la denuncia contra Torres y los magistrados Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, del Tribunal ante el Consejo de la Magistratura ante la muerte de Febres, puede " impedirle a los señores jueces analizar este caso con la tranquilidad de espíritu necesaria, lo que provoca una justificada pérdida de confianza sobre la posible imparcialidad de quienes deben juzgar".
Fuente: Télam
