Erica González tenía 19 años cuando, tras una discusión, su pareja la habría quemado en su casa, frente a su hija de siete meses. Murió en el hospital diez días después, y desde entonces Francesca, que hoy ya tiene casi 3, vive con su abuela Juana (52), mamá de otros siete hijos. El femicidio de Erica fue en enero de 2014, y desde entonces la menor no volvió a ver a su papá, que está siendo investigado en la causa caratulada como “homicidio agravado por vínculo”. Juana recorrió fiscalías y colegios de abogados, tanto en Pilar, donde vive, como en San Isidro, buscando acompañamiento jurídico para esclarecer qué pasó con su hija, y para que le den la tenencia de su nieta, a quien ahora quiere anotar en un colegio. Recién el año pasado logró que le asignaran una abogada que acelerara ambos procesos, que ya llevan más de dos años.
Su caso es el de muchas familias en la provincia de Buenos Aires, y el de Francesca es el de muchos menores de edad que, víctimas indirectas de los femicidios de sus madres, quedan en un estado de vulnerabilidad y en medio de batallas legales. A ellos se dirige uno de los puntos centrales del plan integral para víctimas que anunció recientemente la gobernadora María Eugenia Vidal, que comenzará a ponerse en marcha este mes, con beneficios que incluyen becas escolares, cobertura social, asistencia jurídica y subsidios, según lo requieran, coordinado por el Ministerio de Justicia y otros organismos estatales.
“La situación de estos chicos víctimas del femicidio de su madre y con su padre preso o en ciertos casos suicidado, es generalmente atendida por sus familiares, pero en muchos casos esta ayuda es insuficiente o no existe, por eso diseñamos este plan que busca resolver sus necesidades más urgentes”, explica a PERFIL el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari.
En concreto, se trata de asignar a los menores becas completas para primaria y secundaria; una cobertura integral de salud a través de IOMA (la obra social de los estatales bonaerenses); asistencia jurídica gratuita a través de la figura del abogado del niño, que será responsable de defender los intereses del menor; y subsidios asistenciales según cada caso. Además de prestar acompañamiento psicológico por parte de los profesionales de los centros asistenciales para las víctimas.
“Para nosotros sería una gran ayuda. En estos dos años hicimos un recorrido enorme buscando un abogado. Ahora que conseguimos, la causa está avanzando y yo quiero que el marido de mi hija vaya preso hasta el juicio. Pediría también que quienes te atienden del otro lado del mostrador tengan consideración por la madre que perdió un hijo, porque muchas veces te mandan de un lado a otro y uno no está preparado para eso, porque no sabe, y la frustración que se siente cuando no te ayudan en una situación así es doble”, agrega González.
Lanzan plan de apoyo para los hijos de las víctimas de femicidio
