El Gobierno porteño promulgó la nueva ley que regula la utilización de videocámaras en espacios públicos, que limita su uso indiscriminado y busca preservar la vida privada, aunque se negó a comunicar su ubicación a las juntas comunales, tal como estipuló la Legislatura.
La Ley 2.602, publicada el jueves en el Boletín Oficial, autoriza el uso de cámaras sin sonido en lugares públicos con el objetivo de prevenir delitos, aunque limita la utilización de las grabaciones y resguarda el derecho a la intimidad, expresó su autor, el diputado kirchnerista Pablo Failde.
La norma establece que los funcionarios a cargo del monitoreo serán responsables de garantizar los "derechos fundamentales" y "libertades públicas" de los ciudadanos observados, para lo que sólo podrán utilizarse para " cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para asegurar la convivencia ciudadana", dice el texto de la ley.
El gobierno deberá garantizar la "intervención mínima" de los dispositivos, sólo cuando "resulten de utilidad concreta a fin de proporcionar información necesaria", añade la norma,al prohibir "tomar imágenes del interior de propiedades privadas".
"En ningún caso las videocámaras podrán captar sonidos, en el supuesto que en forma accidental se obtuviesen imágenes cuya captación resulte violatoria de la presente ley, las mismas deberán ser destruidas inmediatamente", agrega el texto.
La administración de Mauricio Macri vetó a través del decreto 46/08 los artículos 7, 8 y 17, que obligaban a la Comuna a brindar informes periódicos a las juntas comunales con datos sobre la ubicación y frecuencia de uso de las cámaras.
El uso indiscriminado de cámaras en la vía público generó el año pasado discusiones en ámbito vecinales por la posibilidad y conveniencia de su uso, tras las que fue aprobada el 6 de diciembre la norma que regula su utilización.
Fuente: DyN
