La presidenta Cristina Fernández reivindicó la "actitud de fuerte defensa del medio ambiente" de su gobierno en la actividad y hasta pidió "no hablar por hablar", tras firmar un acuerdo de promoción de "diálogo social" en la Rosada. Pero hubo repercusiones del entorno de "Pino" Solanas, ultracrítico de la minería a cielo abierto en el país, y de Greenpeace.
Según la mandataria, existe un "esfuerzo muy grande en la Argentina" en torno a "una política ambiental sustentable", en medio de las protestas que se vienen realizando en algunas provincias contra el desarrollo minero a gran escala. Respecto de lo cual señaló: "Creo que tenemos que seguir apostando al crecimiento, al cuidado del medio ambiente y al cuidado fundamentalmente de tener un país serio, que (significa) no hablar por hablar".
"Toda inversión minera, con cuidados para el medio ambiente, es viable y aconsejable", insistió la Jefa de Estado, así como se autoelogió por incrementar más de un 300% los empleos en la rama minera. "Y esto no es una poesía o un eufemismo en provincias como San Juan, donde el 80% de su territorio es piedra y montañas", apuntó.
Las críticas. En diálogo con Perfil.com, la asesora en temas de minería del Proyecto Sur de "Pino" Solanas, Soledad Sede, aseguró que se trata de un acuerdo "muy extraño" el firmado hoy por la mandataria con empresarios y sindicatos del sector. Y destacó que "han quedado afuera las asambleas ciudadanas que luchan contra la megaminería", que son más de 70 en todo el país.
"Suena mucho a los '90 ese discurso de atraigamos a las inversiones. Díganme quién garantiza que se cuide el medio ambiente: una oficina perdida en un rincón de alguna de las provincias mineras, que jamás tienen presupuesto para cumplir la ley. No se lo cuida con una frase suelta", cuestionó la especialista.
Sede aseguró también que hay "un agujero negro" para conocer con exactitud cuántas personas realmente trabajan de la minería. "Los últimos datos que yo tengo es que existen 17.800 puestos de trabajo en sector minero en general, mientras que en la minería metalífera hay 5.600 empleos", calculó. Eso sí, aclaró muy pocos tienen relación contractual sino que son tercerizados y "precarizados".
Greenpeace también habla. La ONG salió al paso del anuncio de la Presidenta citando el preocupante caso de la explotación de carbón en Río Turbio. “Se trata de una explotación fuera de toda lógica económica, energética y ambiental. Se trata de un capricho ruinoso tanto en lo económico como en lo ambiental”, ejemplificó uno de los voceros de Greenpeace.
Y también con un reclamo sobre la Ley de Glaciares. "El Gobierno debe garantizar que a comienzos de enero próximo se pueda comenzar con los inventarios de glaciares en la áreas afectadas por emprendimientos mineros sin ninguna demora”, reclamó el interlocutor como respuesta al anuncio de Cristina.
