Hace casi dos años, el 17 de febrero de 2014, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó la expulsión del peruano Marco Antonio Estrada Gonzáles. Sin embargo, y gracias a un recurso judicial, el capo narco de la Villa 1-11-14 continuó en el país.
Desde su casa en un country de Ezeiza –como lo hizo antes desde prisión– siguió moviendo los hilos de una de las organizaciones narcocriminales más importantes del país, según determinó el juzgado federal de Sergio Torres.
La información recaudada por los detectives indica que desde 1999 y, de manera ininterrumpida, “Marcos” se dedicó al tráfico de drogas. Sobre él pesan tres condenas, y este viernes fue nuevamente detenido, tras una compleja investigación de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal.
Fuentes judiciales y policiales coinciden en que la cárcel no es suficiente para terminar con los negocios del capo. Y la actual gestión de la Dirección de Migraciones quiere tomar como ejemplo el caso para revisar la Ley 25.871 (ver aparte), en consonancia con la guerra al narcotráfico que declaró Mauricio Macri, al asumir como presidente.
La Dirección a cargo de Horacio García solicitó la ayuda del Ministerio Público Fiscal, específicamente de la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar), encabezada por Diego Iglesias, para impulsar y acelerar los procesos en la Justicia en este tipo de casos. Ya lo hace en el expediente del capo arrestado en su residencia de La Celia, el barrio privado que también habita el ex ministro de Seguridad bonaerense y actual intendente de Ezeiza, Alejandro Granados.
¿Cómo frenó Marcos su expulsión? La actual Ley de Migraciones permite que los expulsados presenten un recurso directo ante la Justicia Contenciosa Administrativa Federal y cuya resolución tarda un promedio de 500 días hábiles, es decir, que el proceso suele tomar entre cinco y seis años.
Los abogados del jefe de la villa del Bajo Flores argumentaron que su cliente estaba siendo discriminado y que cumple con los requisitos solicitados para retener la residencia que consiguió el 27 de junio de 2001: su esposa es de nacionalidad argentina, al igual que sus hijos.
Del otro lado, sus antecedentes: una condena de tres años y dos meses de prisión por asociación ilícita, otra de seis años como organizador del tráfico de drogas, acopio de armas y municiones de guerra y una última, de diez años como pena unificada, por narcotráfico.
Además, la residencia habría sido obtenida de forma irregular. Para obtenerla, realizó el 23 de marzo de 2001 una declaración jurada, en la que aseguró no tener antecedentes penales ni haber realizado actos que pudieran comprometer la seguridad, el orden público o la paz social. Una declaración que es considerada como “maliciosa” por los agentes fiscales.
Actualmente, el recurso está en manos de la Sala I de la Cámara del fuero contencioso administrativo.
Fuentes de la causa indicaron a este diario que, pese a su libertad condicional, Estrada Gonzáles visitaba la villa de forma encubierta y acompañado por hombres dedicados a su seguridad. Creen, además, que la venta de estupefacientes le genera una ganancia de 70 mil dólares por semana, razón suficiente para negarse a dejar el territorio argentino.
Ahora, su expulsión se encuentra atada al nuevo proceso penal. Si es condenado, al cumplir dos terceras partes de la condena, puede hacerse efectiva. Pero, esta vez, las autoridades no quieren perder tiempo. “Una vez que salga de la cárcel, tiene que irse del país”, desean.
‘Marcos’ debió ser expulsado del país en 2014
La Dirección Nacional de Migraciones había dado la orden. Pero el capo narco de la Villa 1-11-14 se negó y presentó un recurso judicial. Desde un country de Ezeiza continuó con el negocio del tráfico de drogas.
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