El gobierno porteño dispuso hoy una serie de medidas para restringir la construcción de torres de viviendas en cinco barrios con infraestructura "crítica", a fin de regular obras de gran porte y evitar acciones judiciales, mientras instó a la Legislatura a debatir un Plan Ambiental.
El programa oficial decretado por el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, obliga a compañías constructoras a solicitar a la estatal AySA un "Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica", que garantice que la zona a edificar no presenta inconvenientes en la infraestructura cloacal y en la red de agua potable.
El decreto reduce también de 10 mil a 5.000 la cantidad de metros cuadrados construidos desde los que se convierte en "obligatoria" la presentación de una "Evaluación de Impacto Ambiental", según afirmó a DyN el ministro de Planeamiento, Juan Pablo Schiavi.
Las medidas fueron anunciadas por Telerman, Schiavi y su par de Gobierno, Diego Gorgal, durante un acto, junto a empresarios y vecinos, protagonistas de conflictos por la edificación de torres de viviendas.
El certificado de AySA y la presentación del informe de riesgo ambiental para construcciones de más de 5.000 metros cuadrados sólo entrarán en vigencia en los barrios de Caballito, Coghlan, Palermo, Villa Pueyerredón y Villa Urquiza, desde mañana.
El decreto deroga la suspensión de entrega de permisos que ordenó Telerman el 14 de noviembre pasado por 90 días, por lo que desde mañana empresas podrán solicitar la autorización, con los requisitos hoy lanzados.
El barrio de Núñez no será afectado por la nueva normativa, pese a decretarse la prohibición de nuevos permisos en 2005, "porque no tiene problemas de infraestructura", dijo Schiavi.
El plan incluye la creación de la "Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental", integrada por asesores de ministerios de Obras Públicas, Gobierno y Medio Ambiente, que "intervendrá de manera integral" en la evaluación del impacto ambiental que producen las obras, dice el decreto.
Los vecinos y damnificados tendrán participación en el Comité de Coordinación y Planeamiento de Infraestructura, mientras la Comuna los convocó a participar del foro del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), que estudia reformas del Código de Planeamiento porteño.
El plan ordena por último a los ministerios de Hacienda y Obras Pública a crear un programa de "desarrollo urbano de zonas promocionales", para incentivar la construcción en zonas de escasa densidad habitacional y buena infraestructura.
El ministerio de Gorgal, según explicó el funcionario a DyN, está abocado en la creación de un Programa de Supervisión de Obras, que relevará los permisos y los incorporará a una página de Internet, "para que los vecinos lleven su propio control".
Telerman resaltó la "voluntad de diálogo y el deseo de participación" de constructoras y vecinos, dijo que "la sociedad por fin comienza a organizarse" y aseguró el conflicto "parece cerrarse", según indicó a esta agencia.
El mandatario instó a la Legislatura a "definir y debatir" el Plan Urbano Ambiental, que remitió ayer la Comuna al órgano, porque, "debe ser tratado de inmediato", agregó Schiavi.
La Comuna se presentará mañana en la Justicia a presentar el decreto, con el objeto de que levante dos medidas cautelares solicitadas por vecinos que impiden la concreción de obras, dijo el Procurador General, Agustín Zbar, presente en el lanzamiento.
La Procuración informó que vecinos presentaron 19 acciones judiciales contra la construcción de torres, y espera que tras lanzarse las medidas la Justicia desestime las solicitudes, hoy criticadas por Telerman.
Dirigentes de las cámaras de la Construcción, de Ingenieros, el sindicato UOCRA y vecinos agrupados en Protocomuna Caballito, entre otras organizaciones, participaron del encuentro y aplaudieron las propuestas.
Fuente: DyN
