Más de 8000 presos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se encuentran en huelga de hambre en reclamo de la aceleración de los trámites judiciales, entre otras reivindicaciones.
En las últimas horas, la medida adoptada por los reclusos se expandió y ya son 20 los penales bonaerenses que adhieren a la huelga de hambre originada hace once días por los internos de la UP-9 de La Plata.
Los reclusos piden, entre otras cosas, la derogación de la ley 12.405 que faculta a los jueces para el dictado de prisiones preventivas en forma automática. Y también solicitaron la creación de una ley procesal de excarcelación acorde a las pautas establecidas por los organismos de derechos humanos.
Ante esta situación, la Suprema Corte bonaerense "emprendió un análisis exhaustivo y minucioso en los tribunales penales del conurbano, y después en los del interior de la provincia, para evaluar si hay situaciones de mora indebida en la asignación de fechas para los juicios", dijeron fuentes judiciales a DyN.
Las fuentes explicaron que "los reclusos que participan de la huelga, que sólo ingieren agua o alguna infusión, están en perfectas condiciones de salud y son periódicamente revisados por los médicos" y destacaron que "la medida se realiza en total calma".
En tanto, miembros del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria presentó un hábeas corpus colectivo para que se resguarde la salud de los presos.
El amparo fue radicado ante el Juzgado de Garantías IV de La Plata con el fin de garantizar a los presos los medios necesarios para su atención sanitaria básica ya que, según denuncian, no se les está asegurando la provisión de sales hidratantes, complejos vitamínicos o caldos.
Según la presentación judicial del Comité "no se realiza un pesaje diario de los detenidos ni se cuenta con la infraestructura médica necesaria como para asistir las descompensaciones físicas que comienzan a producirse en varios internos".