Durante las últimas semanas varios países han implementado la utilización de aplicaciones para rastrear a los ciudadanos y alertar si se estos están cerca de personas que tengan o hayan tenido coronavirus. En algunos casos la utilización es obligatoria y en otros opcional pero en todos ellos se generó una preocupación por el derecho a la privacidad de los usuarios. Y es que, por el momento, en ninguno de los casos se informó qué se hará con los datos recolectados, dónde se almacenan y si se eliminarán una vez finalizada la pandemia.
“En la gran mayoría de los casos estas aplicaciones no son compatibles con el derecho que tienen las personas a la protección de sus datos y a la privacidad de los mismos”, explica a PERFIL Javier Pallero, Coordinador de Política Pública en Access Now. “Por lo general no son compatibles con el principio de minimización, es decir utilizar la menor cantidad de datos posibles para evitar abusos, filtraciones o robo de información, y tampoco con el principio de necesidad ya que los gobiernos deberían preguntarse si realmente necesitan estas aplicaciones o si existen otros medios para llegar al objetivo que tienen sin lastimar los derechos fundamentales de los usuario”, continúa Pallero en su explicación.
Governments, companies, NGOs, and individuals all have a responsibility to protect #FreedomOfExpression and the right to impart and access information during the #COVID19 health crisis. #Disinformation https://t.co/6vUjGxidrP pic.twitter.com/m6UJngd6GY
— Access Now (@accessnow) April 22, 2020
Hasta el momento las apps que se implementaron funcionan o a través de Bluetooth o con geolocalización gracias al GPS que tienen los Smartphones. Estas últimas son aún más invasivas y se recomienda que no se lleven a cabo. De todas formas las que utilizan Bluetooth también pueden brindar datos relacionados a dónde vive una persona, qué consumos tiene, dónde viven sus familiares, etc. “Aparte para que funcionen la mayor parte de la población debería usarla. Solo así se pueden obtener datos que realmente sean ciertos”, señala Pallero. Esto se contrasta con lo que sucede en países como Noruega donde solo el 25% de la población descargó la app y por lo tanto el resto queda fuera de las estadísticas.
La mayoría de los Estados que implementan estas herramientas aseguran que es una medida necesaria para enfrentar al Covid-19. Sin embargo, la poca información pública que brindan sobre su uso y su almacenamiento genera dudas y preocupaciones. “La línea entre el derecho de la privacidad de los ciudadanos y el derecho a la seguridad de parte de los Estados es un debate muy vigente aunque en el contexto de la pandemia se pone en primera plana”, indica Sebastián Bortnik. “Personalmente creo que hay que encontrar un equilibrio porque hay recursos tecnológicos que los Estados deberían utilizar pero a veces la privacidad ni siquiera es parte del debate. Si vamos a sacar una aplicación que va a monitorear a la gente hay que sentir que el Estado consideró cómo hacerlo posible para mantener el fin de la seguridad sin invadir la privacidad y la verdad que no es lo que viene pasando”, agrega quien es experto en Seguridad Informática y fue fundador de la ONG Argentina Segura.
CuidAR: la nueva versión de la app para hacer el autotest de coronavirus
En el país ya se registran algunas aplicaciones que se relacionan con esto. La primera de ellas es CuidAR cuya descarga no es obligatoria salvo para quienes ingresan al país. Según informaron desde el Gobierno Nacional su foco es indagar sobre los síntomas que tiene la persona y el rastreo de pacientes con Coronavirus por geolocalización. Algo similar ocurre en la provincia de Tierra del Fuego donde esta semana se informó que implementarán una app llamada TDFUnida que es de uso obligatorio y que tiene el objetivo de controlar la circulación de los habitantes. En ambos casos ya existen organizaciones que planean realizar denuncias por la vulneración que implican estas herramientas a los derechos de privacidad y protección de datos que tienen los individuos.
“En mi perspectiva siempre hay una excusa para pasar por encima la privacidad de los ciudadanos. Históricamente el argumento ha sido la seguridad y en este caso la salud”, comenta Marcelo Temperini, abogado especializado en Cibercrimen y Derecho Informático. “Hablando puntualmente de Argentina suelen haber buenos proyectos pero que muchas veces son mal ejecutados. En el país hay una normativa sobre la protección de datos personales desde el 2000 que implementa un montón de obligaciones para quienes realicen tratamiento de datos personales que en la mayoría de los casos no se cumplen. Y el Estado es el principal incumplidor en este sentido porque debería garantizar cómo se llama la base de datos, quién la administra, que exista transparencia de los datos y en general no pasa”, finaliza en su explicación.
