El caso prófugo chileno Galvarino ApablazaGuerra sigue generando ríspideces entre Argentina y Chile. El martes pasado, le tocó a la CorteSuprema decidir sobre su suerte y se inclinó ante el pedido del país vecino, asegurando que loshechos que se le imputan (asesinato de un senador pinochetista y secuestro de una directiva deldiario El Mercurio) no habilitan su asilo político en Argentina.
Sin embargo, la posibilidad de que el Ejecutivo - que tiene la última palabra en el caso -impidiera la extradición ya sembró polémica. Por un lado, el viaje oficial de Cristina por losfestejos del bicentenario chileno se redujo a cuatro horas y se descartó, por otro lado, que vaya a tener unareunión a solas con Sebastián Piñera. Este jueves, dehecho, los diarios chilenos se hicieron eco de la información publicada por La Nación y desde el país trasandino, la ministra vocera Ena von Baer señaló que "vamos a dar todos los pasos y a hacer todos los esfuerzosposibles porque todas las personas que estén involucradas en crímenes que se hayan cometido ennuestro país, sean juzgadas ante la Justicia de nuestro país".
En Argentina, en tanto, fuentes de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) explicaron a Perfil.com que aún no hay novedades sobre el caso y que todo dependerá de laintención y la agenda del Ejecutivo. Además, señalaron que al ser multisectorial (la decisióndepende de varios organismos estatales) la información oficial será emitida a través del Ministeriodel Interior que dirige Florencio Randazzo.
Consultado por este sitio, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aportó el marcojurídico del caso: la Corte estableció en este caso que "conforme a las circunstancias acreditadas,la conducta que se le imputa a Apablaza (homicidio agravado y secuestro extorsivo en pleno período democráticochileno) no puede ser encuadrada como un delito político por cuanto no persiguió ningúnfin altruista ni lesionó exclusivamente un régimen de gobierno, y en consecuencia, concedió laextradición solicitada por Chile".
Gil Domínguez opinó que "el Poder Ejecutivo puede concederla o bien considerar que Apablazaes un perseguido político, otorgarle el carácter de refugiado (o asilado político) y negar laextradición (sobre la base del principio de no devolución que protege al refugiado). Si se optarapor esto último se estaría tergiversando los contenidos universales del derecho de los refugiados,en la medida que la existencia de un régimen democrático vigente, inhabilita toda justificaciónpolítica –que ni siquiera fue invocada por Apablaza al declarar en el juicio- respecto de lacomisión de delitos comunes”, indicó.
Por su parte, el experto en relaciones internacionales de la UADE, Juan Battaleme, indicó cómo pueden verse afectadas lasrelaciones con Chile si el gobierno finalmente accede al pedido de Apablaza Guerra, respaldadopor algunos organismos de derechos humanos: "Loque transforma medularmente la relación con Chile es la energía, que está bastante afectada.Agregar este tema puede traer una nueva presión conyuntural, otro punto de tension más" en un Parlamento mayoritariamente conservador.
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