El conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y la provincia de Santa Cruz, por el fallo que denunció al gobernador DanielPeralta por no reponer en su cargo al ex procurado Eduardo Sosa, echado por Néstor Kirchner en1995, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El agente fiscal de Santa Cruz Claudio Espinosa, cuyo cargo pretende Sosa, presentó una denuncia ante el tribunal internacional contra la Corte y el Congreso -a quienel máximo Tribunal le pidió que intervenga- para evitar ser desplazado.
En su presentación, señaló que los fallos dictados recientemente por la Corte Suprema para queel ex procurador ocupe el cargo que actualmente cubre " conculcan flagrantemente mis garantías y derechos constitucionales inherentes a lainamovilidad y estabilidad en mi desempeño como funcionario judicial".
"He presentado mi caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando a laCorte Suprema de Justicia de la Nación", manifestó Espinosa, quien hoy informó a la Legislatura deSanta Cruz su accionar y notificó que también denunció al Congreso "a los fines de que dicho cuerpose abstenga de sancionar cualquier norma que conlleve mi remoción en el cargo que legítimamenteejerzo".
