En la reabierta causa por el vaciamiento del yacimiento de Río Turbio, en Santa Cruz, el millonario empresario K Sergio Tassellifue indagado hoy por la Justicia, tras haber faltado a la cita anterior invocando “cuestiones laboralesimpostergables”, informó el sitio Será Justicia .
En efecto, el juez federal Sergio Torres llamó para hoy a las 11al controvertidoempresario, para indagarlo en la causa en la que se lo acusa de vaciar la empresa CarboníferaYCRT, en la Provincia de Santa Cruz, por la que recibió subsidios del Estado nacional de 22.500.000 dólares por año entre 1994 y2002, cuando tenía la concesión de esa ampresa.
Además del vaciamiento de la empresa, Taselli está acusado por losposibles delitos de administración fraudulenta, contrabando calificado y una serie de otrosilícitos conexos. Entre ellos, desviar fondos de los subsidios y bienes del Estado enbeneficio de sus propias empresas, hacer maniobras contables para evadir impuestos, incumplir elcompromiso de reintegrar bienes muebles e inmuebles del Estado que estaban a su guarda, abandonarhasta su destrucción locomotoras, materiales rodantes de todo tipo, los grandes talleres dereparaciones, incumplir los compromisos de producción acordados, y abandonar el YacimientoCarbonífero, dejándolo improductivo.
La causa fue promovida por Raúl Wanzo, ex Secretario General deATE de Rio Turbio, que se inició a instancias de un congreso de los mineros del carbón de RíoTurbio en el año 2001. Sin embargo, el empresario, que por entonces obtuvo la concesión de laempresa cuando Menem la privatizó en 1993, fue sobreseído por el mismo juez Torres en 2008, alegando que la documentación dela empresa sobre las irregularidades había desaparecido, por lo que no era posible comprobar lasacusaciones.
Pero en abril del año pasado, los jueces Jorge Ballestero yEduardo Farah de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocaron el sobreseímiento y le ordenaron aTorres que llame a los imputados a declarar de nuevo para establecer cualquier "responsabilidadque por su comisión le pudo haber cabido tanto a los responsables de la empresa como a losfuncionarios públicos encargados de auditar el cumplimiento del contrato".
La causa lleva más de ocho largos años.
