Patricia Walsh vivió atravesada por una historia que nunca dejó de reclamar justicia. Hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, desaparecido por la última dictadura militar, y hermana de María Victoria, asesinada durante un operativo represivo en 1976, construyó su propia trayectoria política sobre la memoria de su familia y la denuncia de los crímenes de lesa humanidad. Murió este jueves 5 de noviembre, luego de un deterioro de su salud que terminó con una internación y asistencia respiratoria.
La dirigente política y militante de derechos humanos falleció a los 74 años, tras permanecer internada durante varios días y ser sometida a una operación de pulmón. Su muerte provocó un profundo impacto en el ámbito político nacional, donde se la recuerda por su trayectoria en la izquierda y su rol como representante parlamentaria en la Ciudad de Buenos Aires.
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Antes de enfocarse de lleno en la representación parlamentaria, Walsh ejerció el periodismo y se desempeñó como empleada y delegada gremial en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Fue cesanteada por el régimen militar en 1976 y restituida en su puesto con la vuelta de la democracia, en 1984.
Su proyección nacional la llevó a ser candidata a la presidencia de la Nación por la alianza Izquierda Unida en dos oportunidades, durante los comicios de 1999 y 2003. Posteriormente, entre 2007 y 2010, ocupó una banca como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde impulsó iniciativas sociales y de derechos humanos. En los años siguientes integró espacios como Proyecto Sur y Camino Popular, y mantuvo una activa presencia pública hasta que su estado de salud se lo permitió.
Su fallecimiento cierra una trayectoria que tuvo al periodismo, la militancia y la actividad parlamentaria como principales escenarios. Durante décadas, Walsh sostuvo una lucha que excedió el reclamo personal: buscó que los responsables del terrorismo de Estado fueran juzgados y que las víctimas dejaran de quedar atrapadas en los mecanismos de impunidad.
Una historia familiar atravesada por la dictadura
Nacida en 1952, Patricia Walsh comenzó a trabajar como periodista a los 17 años. Pasó por la revista Gente y el diario Noticias, mientras desarrollaba su militancia política. En 1975 ingresó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se desempeñó en el área de prensa y como delegada gremial.
El golpe de Estado de 1976 modificó definitivamente la historia de su familia. Su hermana María Victoria, conocida como Vicki, murió el 29 de septiembre de ese año durante un operativo de las fuerzas represivas en una vivienda de la calle Corro, en Villa Luro. El procedimiento terminó con el asesinato de cinco militantes y el secuestro de otras personas.
Meses después, el 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh fue secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura. Su desaparición y asesinato se produjeron un día después de que difundiera su histórica Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, en la que denunció los crímenes del régimen y sus consecuencias económicas y sociales.
Patricia Walsh denunció la desaparición de su padre ante la Conadep en 1984. Desde entonces, su actividad pública estuvo vinculada con la reconstrucción de la memoria familiar y la búsqueda de justicia. También integró H.I.J.O.S., organización que reunió a hijos e hijas de desaparecidos y asesinados durante la dictadura.
La pelea que llegó al Congreso
En 2001 fue elegida diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en representación de Izquierda Unida. Desde esa banca impulsó una iniciativa para declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían limitado durante años el juzgamiento de los responsables de los delitos de lesa humanidad.
El proyecto atravesó distintas instancias parlamentarias hasta que, en agosto de 2003, el Congreso aprobó la Ley 25.779, que declaró insanablemente nulas ambas normas. La decisión abrió un nuevo capítulo en el proceso de justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
La Corte Suprema de Justicia consolidó ese camino en 2005, al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. La reapertura de los juicios permitió avanzar sobre causas que habían permanecido paralizadas y llevó a numerosos represores ante los tribunales. Para Walsh, aquella conquista legislativa estuvo ligada a una lucha que había comenzado mucho antes de su llegada al Parlamento y que continuó después de dejar su banca.
Su recorrido no se limitó a la defensa de los derechos humanos. Walsh fue candidata presidencial en 1999 y 2003 por Izquierda Unida y, en 2007, fue elegida legisladora porteña por el MST-Nueva Izquierda. Durante su paso por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires presentó iniciativas relacionadas con la salud pública, los derechos de las mujeres y las políticas de memoria. También mantuvo su participación en distintos espacios de la izquierda y acompañó reclamos vinculados con la situación política y social del país.
En los últimos años continuó interviniendo en causas judiciales relacionadas con la dictadura. En 2026 declaró en el proceso por la Masacre de la calle Corro, donde se investigan los asesinatos de su hermana y otros militantes. Su testimonio permitió reconstruir aspectos del operativo y de las consecuencias que tuvo para su familia.
CS/MSS











