Los secretarios privados de la Presidencia -que aumentaron su patrimonio en hasta un 11.000 porciento en forma injustificable- están cada vez más complicados en la justicia. Tras haber sidoacusados de enriquecimiento ilícito, el abogado que los denunció pidió que se inhiban sus bienes.
Enrique Piragini, el abogado que denunció a los secretarios de Cristina Fernández de Kirchner a raíz de una investigación de la revista Noticias, se presentó ayer en los tribunalesfederales de Comodoro Py para pedir la inhibición de los bienes de los sospechados. Se trata de losfuncionarios Fabián Gutiérrez, Héctor Daniel Muñoz, Isidro Bounine y Daniel Alvarez.
En su pedido al juez Claudio Bonadío, el abogado argumentó que los secretarios "podríanproceder a la enajenación de sus bienes, colocándose en situación de insolvencia, burlando unaeventual sanción". Pirigani sostuvo también que "es indudable que los denunciados tienen los suficientes contactos como para amañar sus descaradasdeclaraciones juradas, como lo habría hecho el matrimonio presidencial", según informó eldiario Clarín.
El fiscal Guillermo Marijuán imputó a los cuatro secretarios y reclamó medidas para analizarsi se enriquecieron ilícitamente. Los secretarios imputados cumplieron (y cumplen) funcionesdurante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sus sueldos no superan los 15.000 pesosmensuales, pero poseen fortunas difíciles de explicar.
Un caso emblemático es el de Fabián Gutiérrez, quien está construyendo una fastuosa casa de 300.000 dólares en El Calafate. Otro cuestionado es Isidro Bounine, que llegó al Gobierno en 2005 con un patrimonio de 15.000pesos y hoy ostenta una fortuna de 830.000, lo que implica un incremento del 5.435 por ciento.Bounine hoy acompaña a Cristina en su gira por Brasil.
El Hotel de los K: En la misma presentación, Piragini apuntó al polémico hotel LosSauces de El Calafate, construído por el matrimonio Kirchner, quienes se lo alquilan al empresarioJuan Carlos Relats.
El 9 de junio de 2008, Cristina firmó un decreto que beneficiaba al dueño de Rutas del Litoralen 32 millones de dólares. Algunos abogados constitucionalistas sostuvieron que ese acto violaba la ley de ética pública, por la relación comercial que une a Relats con los Kirchner.
Por eso, Piragini pidió que se investigue si la Presidente cometió los delitos de negociaciones incompatiblescon la función pública, o violación de los deberes de funcionario público, segúnClarín.
