El abogado Ernesto Halabi, que presentó el recurso para lograr la inconstitucionalidad de la "ley espía",advirtió que esa norma fue una "ley perversa y un engendro", y opinó que la única intención de esa reglamentación"fue hacer un negociado".
"Según mi leal saber y entender, (la ley) fue nada más que una intención de hacer unnegociado que era obligar a las empresas de servicios de comunicaciones a comprar los equipos cuyoscosto en dólares era bastante elevado", dijo hoy Halabi durante una conferencia de prensaque dio en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
La ley 25.873 ordenaba que las empresas de telecomunicaciones almacenaran durante 10 años lainformación de las comunicaciones que sus usuarios emitían a través de mails, chats y paginas webs,y para ello las compañías debían disponer de los "recursos humanos y tecnológicos necesarios", fijaba la norma, y "soportar los costos derivados de dicha obligación".
"Acá se quiso privatizar, como en las mejores épocas del gobierno de Menem, el servicio deespionaje", sostuvo Halabi. El abogado explicó que las grandes empresas debían invertiralrededor de 1.700 millones de dólares en el nuevo equipamiento y aseguró que la mayoría de laspequeñas compañías que brindan el servicio de Internet "iban a desaparecer" por la imposibilidad de adquirir esos equipos.
Tras calificar la norma como "ley perversa, un engendro", el abogado señaló que ésta "es la primera vez en la historia jurídica del país que un decreto se deja ensuspenso". El letrado aseguró que durante el plazo que la ley estuvo en vigencia lasempresas no la cumplieron "no alcanzaron a comprar los equipos".
El presidente del CPACF, Jorge Rizzo, que también participó de la conferencia de prensa, sostuvoque "a partir de ahora ningún habitante de la República Argentina podrá ser oficialmenteespiado si no media orden judicial previa, como determina la propia constituciónnacional".
El titular de la entidad pública destacó que la Corte haya dictado una acción de clase quepermitió que el fallo se aplique a todas las personas y no solo a quien inició la demanda. "Ha quedado sellada definitivamente la suerte de una ley que de haberse puesto operativahubiera, sin lugar a dudas, puesto en jaque a toda la población", completó Rizzo.
Fuente: DYN
