Como después de seis fechas de "fútbol para todos" las autoridades aún no se han puesto laspilas y no han querido (o podido) venderle un solo aviso publicitario al sector privado, confiandoquizás en que el dinero de los contribuyentes es de goma, durante el último fin de semana, lapantalla de Canal 7 saturó a los telespectadores con propaganda a favor de la Ley de Servicios deComunicación Audiovisual.
Mal que le pese al Gobierno, esas emisiones han venido a demostrar, paradójicamente, qué podríaocurrir en materia de pluralidad de voces si el pretendido monopolio privado fuere reemplazado deahora en más por el monopolio estatal, ya que todas las manifestaciones de los spots generados porla Presidencia de la Nación que se han pasado hasta el hartazgo, tienen un manifiesto sesgo deuniformidad y mucho de intolerancia.
Si bien sería extraño que desde el Gobierno se bombardeara una iniciativa que le pertenece,la actitud desembozada de no sumar ni una sola opinión en contra del Proyecto -o al menos algunaneutra- marca bien a las claras cómo se confunde Estado con Gobierno y los dineros públicos concampañas panfletarias.
Pero, además, los avisos tienen un sesgo lamentable de imputación gratuita a los que no creengenuinamente en la futura ley porque entienden que puede cercenar la libertad de expresión, ya queel trasfondo no deja lugar a dudas sobre con quiénes se pretende emparentar a millones deciudadanos, bajo la forma de una coacción abierta y maniquea para lograr consenso.
No se apoya a la dictadura militar por creer que no son necesarias ni cuotas de pantallapara emisiones de cine nacional, ni tampoco porcentajes obligatorios de música vernácula. Y muchomenos por pensar que un año es poco tiempo el que se le otorga a empresas que hicieron proyeccionesde inversión, para que desarmen posiciones y malvendan sus activos, ni por sostener que si loscables son caros es mejor que la cuestión la dirima el área de defensa de los consumidores, antesque en el articulado de una ley de medios.
Tampoco son infames traidores a la Patria quienes piensan que la Autoridad de Aplicación enmanos del Ejecutivo o su potestad para asignar licencias en ciudades de más de 500 mil habitanteses peligrosa por su discrecionalidad y que habría que corregirlo para que ningún gobierno de aquíen más digite los medios entre sus amigos, ni tampoco lo son quienes defienden la amplitud de lascadenas de radio y TV, en nombre de que la información nacional le llegue a todos, como necesariocomplemento de los hechos locales.
Para nada habría que pensar tampoco que los que solicitan que la nueva ley incluya capítulosdedicados a la asignación cristalina y previsible de la publicidad oficial o quienes aspiran a queel Estado abra la información pública a todos los medios o quienes piensan que la futura ley es másautoritaria y estatista que aquel cuerpo legal que hicieron los militares tienen ánimo"destituyente".
Pues bien, de nada de esto se ocupan los artistas que quizás de buena fe, aunque podríapensarse que están cuidando su propia quinta, dicen lo suyo a favor de la ley en uno de losavisos.
Mucho más triste es el otro, donde supuesta gente de a pie expresa su sentimiento de apoyo,porque el mismo resulta tan increíble como la inflación del INDEC. En materia comunicacional y desubestimación de la opinión pública, el Gobierno no escarmienta. Abre el juego a la pluralidad y almismo tiempo uniforma las opiniones, de tal suerte que su prédica desesperada para intentarconvencer le cae en la cara como si hubiese escupido hacia arriba. Es imposible que, después de laelección del 28 de junio, todas ellas sean de un solo color, máxime cuando los que ganaron ese día,hoy se manifiestan legislativamente en contra. Tan imposible, como que a la fecha existan menospobres en la Argentina.
(*) Agencia DYN
