Esa fue la denominación que le dio el Presidente a la prolongación de la cuarentena que anunció en la conferencia de prensa del viernes. Al margen de los gráficos que mostró, su exposición fue escasa en anuncios y certezas. Está claro que la única certeza de la pandemia causada por el coronavirus es la incerteza.
Hasta aquí, la cuarentena instalada por el Presidente viene dando buenos resultados. La proyección del ministro de Salud, Ginés González García, era que para esta época hubiese unos 40 mil casos. Sin embargo, los riesgos están al acecho. El pico de la crisis aún no ha llegado. El temido invierno plantea interrogantes que solo el tiempo y los hechos podrán develar. Al tiempo –ese instrumento mágico del alma, como lo llamaba Borges– nadie lo domina. Quedan los hechos. Y los hechos le presentan al Gobierno dilemas y desafíos.
La cantidad de testeos que se han realizado hasta ahora es decididamente escasa. Hay tras esto una realidad: hay en estos momentos una disputa feroz a nivel mundial por los kits de testeo. En la puja por la oferta y la demanda, la batalla es dura. Los Estados Unidos y Europa buscan acapararlos casi con desesperación.
De los testeos que están faltando, uno principalísimo es el que corresponde al equipo de salud. Deberían hacérselos a todos ellos por razones obvias: son los más expuestos por estar en la trinchera. La cantidad de médicos fallecidos en Italia lo muestra.
La falta de testeo hace que solo se los haga a personas que tienen síntomas compatibles con la afección. Esto deja fuera a los asintomáticos, que constituyen un problema creciente en la dispersión de la enfermedad. Este punto es clave. Detectar a los asintomáticos tiene dos consecuencias: una fáctica y otra estadística. La fáctica es que, una vez identificado, el asintomático es puesto en situación de aislamiento para evitar contagios y, además, permite identificar a sus contactos y saber quiénes están infectados o no. Esto ayuda mucho a la reducción de la difusión de la afección. La estadística es que posibilita tener una real idea de la expansión de la enfermedad. No es lo mismo tener 1.975 casos sobre 15 mil testeados que sobre 100 mil.
Nadie sabe cuándo termina esto. La frase propiciada por el Presidente al comienzo de su conferencia de prensa el viernes pasado refleja la incertidumbre de un proceso con consecuencias socioeconómicas devastadoras. Hay una clara disociación entre la firmeza que se muestra en el área sanitaria y lo que está sucediendo en la económica. En la primera –con discusiones y puntos por resolver– hay un rumbo claro. En la segunda, no. Sobrevuelan ahí miradas diferentes que no logran amalgamarse. Es una falencia que atañe a dos ministros –Martín Guzmán y Matías Kulfas–, al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y al mismísmo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Hay cosas que quedan inconclusas, incluyendo la emergencia alimentaria también. La gran preocupación del ámbito empresarial, gubernamental y sindical es hasta cuándo aguanta el Conurbano.
En algunos lugares los paliativos están tardando mucho. Recién a partir de la próxima semana llegarían los Ingresos Familiares de Emergencia. La cuarentena lleva veinte días en que las empresas no han facturado.
Esta crisis se da en el contexto de un escenario de pobreza que crece incesamente.
La falta de manejo político del ministro de Economía obligó al Presidente a salir a respaldarlo ante las quejas de gobernadores e intendentes por la falta de llegada de fondos.
Sempiterna corrupción. El episodio de los sobreprecios de alimentos sucedido en el Ministerio de Desarrollo Social no debe ser considerado una casualidad, sino que tendría que ser una luz amarilla de alta intensidad para el Presidente. La estructura de su gabinete y de otras áreas de gestión es decididamente mala y lo que pasó con los precios del arroz y del aceite es solo un indicio.
El proceso de designaciones que se utilizó para la cobertura de los cargos de segunda línea de los ministerios y otras áreas fue propio de una bicefalía. Alberto Fernández nombró a los ministros y el resto le fue impuesto por Cristina Fernández de Kirchner. Esa estructura le está generando –y le va a generar– muchos problemas tanto a Alberto Fernández como a su gobierno. Quienes conocen la trama de lo que sucede en ese ministerio coinciden en señalar la influencia de Carlos Castagnetto, fue un ladero clave de Alicia Kirchner durante los doce años del kirchnerato. Hay que hacer, además, algunas preguntas: ¿a quién se le ocurrió el nombramiento como secretario de Articulación de Política Social de Gonzalo Calvo, siendo que ya había tenido que renunciar al cargo de secretario de Seguridad del Municipio de Almirante Brown acusado de pedir coimas? ¿Cómo es que Arroyo aceptó que le impusieran ese nombre que venía con ese antecedente? ¿Quién se lo impuso?
El hecho aumenta de volumen cuando se analiza la empresa a la cual se hizo la compra. Esa empresa, del Grupo L –que no es fabricante de los productos sino intermediaria–, ya había sido denunciada por sobreprecios tanto desde Cambiemos como desde el kirchnerismo.
Un “detalle” más. El escándalo permitió conocer un poco más la proliferación de cargos que existen en el Ministerio de Desarrollo Social. Repasémoslos:
-Subsecretario de Asistencia Crítica.
-Coordinador de Abordaje Territorial.
-Coordinador de Depósito Metropolitano.
-Director de Emergencia.
-Coordinador de Asistencia Técnica.
-Directora de Asistencia Crítica.
-Directora de Asistencia Institucional.
-Director de Gestión y Asistencia Urgente.
-Director de Ayudas Emergentes.
-Coordinador de Asistencias a Instituciones No Gubernamentales.
-Coordinador de Ayudas Urgentes.
-Director de Talleres Familiares.
-Director Nacional de Articulación Social.
-Director de Asistencias para Situaciones Especiales
Cuando se ve esta proliferación de cargos se entiende a la perfección la indignación de la sociedad con el costo de la política. El Presidente debería enojarse menos y hacer algo para remediarlo. “Volvimos para ser mejores”, fue su promesa.
