El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, dispuso la libertad de los cinco detenidos por la investigación por presunta defraudación a la Caja de Previsión Ley 8470, de arquitectos ingenieros y profesionales de la construcción.
La medida alcanza al presidente del Colegio de Arquitectos, Nicolás Paulín; los directivos del Colegio de Ingenieros Especialistas (Ciec), Inti Manuel Smith, Carmen Encarnación Rodríguez y Luis Adán Calderón y la vocal de la Caja previsional, Liliana Rosa Scaglia.
La investigación penal, en la que continúan imputados, busca esclarecer presuntas irregularidades y el delito de administración infiel en perjuicio del organismo que paga las jubilaciones a los profesionales del sector.
Cambio de escenario procesal y cese del entorpecimiento
Las detenciones de los cinco acusados se habían concretado el 20 de octubre pasado, luego de que la instrucción constó diversas maniobras orientadas a obstaculizar la investigación y la tarea del interventor judicial designado en la entidad, el contador Pablo Artino.
En un comunicado, la Fiscalía informó que en aquel momento verificó acciones destinadas a desinformar a los afiliados, promover asambleas y manifestaciones para cuestionar la intervención, y emitir comunicaciones institucionales para desacreditar la actuación judicial.
Después de la recepción de las declaraciones indagatorias y una nueva ponderación de las circunstancias, el fiscal Gavier consideró que se produjeron modificaciones relevantes en el escenario procesal. Si bien se aclaró que los riesgos procesales y la gravedad de los hechos no desaparecieron por completo, se constató el cese de los actos de entorpecimiento, la disposición del titular del Colegio de Arquitectos a colaborar y el compromiso de no entorpecer el desarrollo de la causa. Por tales motivos, la Fiscalía resolvió adecuar la coerción hacia medidas alternativas a la prisión preventiva.
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Condiciones a cumplir
Para mantener el beneficio de la libertad y asegurar su sometimiento al proceso, la resolución fiscal impuso a los cinco imputados una caución real de 100 mil dólares para cada uno de los acusados.
Además, tienen prohibido ingresar a las sedes de los colegios profesionales y de la Caja; y tampoco pueden comunicarse entre sí y con los otros imputados.
