Una ciudad puede perder parte de su historia sin que se derrumbe un monumento ni desaparezca un edificio público. Basta con que cierre un club de barrio. Detrás de sus puertas quedan las ilusiones de generaciones de chicos, las horas de trabajo voluntario de sus dirigentes, las familias que levantaron vestuarios con rifas y colectas, y los recuerdos de quienes aprendieron allí a jugar, competir, ganar y perder.
A fines de los años noventa, numerosas instituciones deportivas de Córdoba atravesaban graves dificultades económicas. Algunas de las más importantes del fútbol y otros deportes locales acumulaban deudas municipales que sus dirigentes consideraban imposibles de pagar. También estaban comprometidos clubes barriales y asociaciones civiles que, durante décadas, habían sostenido buena parte de la vida deportiva de la ciudad. Las deudas crecían.
Las posibilidades de cobrarlas disminuían. Y el riesgo de ejecuciones y remates amenazaba un patrimonio que no pertenecía solamente a sus socios, sino también a la comunidad. Mientras tanto, miles de niños y adolescentes de los barrios más humildes carecían de oportunidades para practicar deportes.
Había clubes que necesitaban ayuda. Había chicos que necesitaban oportunidades. La respuesta fue intentar resolver ambos problemas con un mismo acuerdo.
Una hoja de papel y una promesa ante los presidentes de los clubes
Recuerdo con especial emoción una reunión celebrada durante la campaña electoral de 1999 en la sede de la Liga Cordobesa de Fútbol. Emeterio Farías, dirigente de la Liga, y el escribano Héctor Panzeri, presidente del Club Universitario, me habían convocado para escuchar a los presidentes de los clubes de modo directo. La preocupación era profunda. Sus instituciones acumulaban obligaciones tributarias de años anteriores. Algunas atravesaban situaciones financieras críticas. Los dirigentes temían que el esfuerzo de generaciones pudiera perderse por deudas que no estaban en condiciones de afrontar.
Después de escucharlos, formulé una pregunta que nadie pudo contestar satisfactoriamente: ¿Cómo era posible que durante tantos años no se hubiera encontrado un acuerdo capaz de preservar a los clubes y, al mismo tiempo, dar una solución razonable a sus deudas municipales?
La Municipalidad tenía créditos difíciles de recuperar. Los clubes disponían de canchas, gimnasios, piletas, canchas de bochas, profesores y entrenadores. Y en los barrios más humildes había miles de chicos que soñaban con practicar deportes, pero no podían pagar una cuota.
Entonces pedí una hoja de papel. Delante de los presidentes de los clubes redacté un acta compromiso: si resultaba elegido intendente, impulsaría un mecanismo para que las instituciones pudieran compensar sus deudas municipales mediante la prestación de servicios deportivos y recreativos a la comunidad. Firmamos aquel documento Emeterio Farías, Héctor Panzeri, todos los dirigentes deportivos presentes y yo. No era solamente un compromiso para resolver un problema tributario. Era la promesa de encontrar una manera de proteger a los clubes y de convertir su extraordinaria capacidad deportiva en una oportunidad para los niños de Córdoba.
Una solución justa para la ciudad y para sus instituciones
La propuesta partía de una idea sencilla: no tenía sentido que la Municipalidad insistiera indefinidamente en cobrar deudas que muchas instituciones difícilmente podrían pagar, mientras sus instalaciones y recursos humanos podían aportar un beneficio concreto a la sociedad. Tampoco parecía razonable que clubes construidos durante generaciones quedaran expuestos a perder su patrimonio sin explorar una alternativa de cooperación. La solución no consistía en perdonar indiscriminadamente obligaciones fiscales.
Los clubes debían asumir compromisos verificables. A cambio de los mecanismos de regularización y de los beneficios tributarios previstos, pondrían instalaciones, equipamientos y actividades al servicio de programas comunitarios. El municipio obtenía prestaciones de utilidad social. Las instituciones encontraban una herramienta para afrontar sus dificultades. Los niños y adolescentes accedían a oportunidades deportivas. Era una forma de transformar deudas difíciles de cobrar en servicios que la comunidad necesitaba.
El 22 de febrero de 2000, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N.º 10.197 que presente como Intendente, que habilitó la cancelación de determinadas deudas inmobiliarias mediante convenios de prestación de servicios comunitarios. El 5 de junio de 2001 se sancionó la Ordenanza Nº 10.398, que estableció exenciones tributarias condicionadas a la utilización gratuita de instalaciones y recursos de las instituciones deportivas para programas sociales, culturales y recreativos.
Ambas normas contemplaban especialmente a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. El compromiso de aquella reunión comenzaba a convertirse en una política pública.
Los clubes más prestigiosos abrieron una posibilidad extraordinaria
Sin embargo, el mayor valor de la iniciativa no estaba en las cuentas municipales. Estaba en los chicos. Queríamos que niños y adolescentes de familias humildes pudieran practicar deportes en instituciones de gran trayectoria, con buenas instalaciones y profesores experimentados. Que pudieran aprender a nadar en una pileta a la que nunca habían tenido acceso. Que conocieran una cancha de rugby, un gimnasio de básquet o una clase de handbol. Que descubrieran el ajedrez, el fútbol y otras disciplinas.
No se trataba simplemente de ofrecerles un lugar donde pasar el tiempo, sino de ofrecerles una oportunidad de formación, disciplina, amistad y superación. Para muchas familias, la cuota de un club representaba un gasto imposible. Para sus hijos, esa dificultad económica podía significar quedar excluidos de experiencias fundamentales de la infancia y la adolescencia. La propuesta buscaba cambiar esa realidad. Ningún niño debería tener que renunciar a descubrir su talento deportivo por el barrio donde nació o por los ingresos de su familia.
Cuando los barrios comenzaron a encontrarse
Había además una dimensión profundamente integradora. Los clubes ubicados en zonas de mayores recursos podían recibir a niños y adolescentes provenientes de los sectores populares. En una misma cancha podían encontrarse chicos que vivían realidades económicas muy diferentes. Compartían profesores, entrenamientos, reglas y equipos. El deporte ofrecía un lenguaje común.
Un pase de fútbol no distingue condiciones sociales. Un equipo de básquet necesita la colaboración de todos. En una clase de natación, cada chico aprende con su esfuerzo y con la ayuda de sus compañeros. Las desigualdades no desaparecían por compartir una actividad. Pero surgía algo valioso: la posibilidad de conocerse, respetarse y construir vínculos. Muchos niños podían ingresar por primera vez a instituciones que hasta entonces conocían solamente desde afuera. La inclusión social dejaba de ser una expresión administrativa para convertirse en una experiencia humana.
Una ciudad no se integra solamente con calles y avenidas que unen sus barrios. También se integra cuando sus habitantes encuentran espacios para compartir. Y pocas herramientas son tan poderosas para ese encuentro como el deporte.
La ciudad y sus clubes: una alianza documentada
La iniciativa tuvo expresión pública desde los primeros meses de gobierno. Una crónica periodística de la época, titulada «Condonarían deudas de clubes», describió las obligaciones tributarias acumuladas por las instituciones deportivas y la propuesta de compensarlas mediante servicios comunitarios.
El 26 de julio de 2001, La Voz del Interior publicó «Kammerath firmó la exención de impuestos». La noticia informó sobre la puesta en ejecución del régimen previsto por la Ordenanza 10.398 y sobre la entrega de subsidios a 69 clubes y asociaciones deportivas, por aproximadamente 300.000 dólares, destinados a mejorar instalaciones. Entre las obras mencionadas figuraban vestuarios, canchas de bochas, climatización de piletas y otras mejoras deportivas. La política procuraba preservar y fortalecer las instalaciones de instituciones que necesitaban continuar prestando servicios a sus socios y a la comunidad.
Héctor Panzeri, quien presidió el Consejo Municipal del Deporte, y Emeterio Farías, que asumió como director ejecutivo, participaron en el desarrollo institucional de aquella iniciativa.
El informe municipal Prometido y Cumplido 2000 también permite situar el programa dentro de una agenda más amplia de regularización tributaria y actividades recreativas para sectores socialmente desfavorecidos, que incluía propuestas como Piletas Abiertas y Escuelas de Verano.
Salvar un club es salvar muchas historias
El valor de aquella decisión se comprende mejor cuando se piensa en lo que significa un club para su comunidad. Un club de fútbol puede reunir a miles de hinchas, pero también sostiene divisiones inferiores, profesores, empleados y actividades sociales. Un club barrial puede tener instalaciones modestas y, sin embargo, representar uno de los lugares más importantes de encuentro para las familias de su zona. Una asociación deportiva sin fines de lucro puede haber nacido del esfuerzo de unos pocos vecinos y convertirse, con el tiempo, en una institución indispensable. Perder esos espacios significa empobrecer la vida comunitaria.
Por eso, el mecanismo de compensación fue concebido como una herramienta para contribuir a evitar que las deudas tributarias terminaran comprometiendo la continuidad de instituciones deportivas. No todas las dificultades económicas podían resolverse mediante una ordenanza. Pero era posible ofrecer una alternativa para afrontar una parte de ellas y proteger instalaciones de enorme valor social. La ciudad tenía motivos para cuidar a sus clubes. Y los clubes tenían mucho para devolverle a la ciudad.
El patrimonio más valioso estaba en los niños
Según mi recuerdo, las actividades vinculadas con aquella política alcanzaron a decenas de miles de niños y adolescentes. La dimensión exacta deberá reconstruirse con los registros y convenios municipales. Pero ninguna cifra expresa por completo lo que significaba la oportunidad de practicar un deporte en un club de prestigio. La posibilidad de descubrir una vocación. De conocer nuevos compañeros. De aprender a respetar reglas y aceptar responsabilidades. De encontrar en un profesor o entrenador a alguien que alentara el esfuerzo personal. En ocasiones, una experiencia deportiva puede dejar una huella que acompaña toda la vida. Eso era lo que queríamos multiplicar.
La historia comenzó con dirigentes preocupados por las deudas de sus clubes y con un candidato que escribió un compromiso sobre una hoja de papel. Continuó con ordenanzas, convenios y medidas de apoyo institucional. Y terminó expresando una convicción que sigo considerando esencial: el patrimonio de una ciudad también se mide por la cantidad de oportunidades que es capaz de ofrecer a sus niños.
Había que ayudar a los clubes a conservar sus puertas abiertas. Pero, sobre todo, había que conseguir que esas puertas se abrieran para quienes nunca habían podido entrar. Porque proteger un club es cuidar una parte de la historia de Córdoba. Y permitir que un niño de un barrio humilde encuentre allí un lugar para aprender, jugar y crecer es ayudar a construir su futuro.
Fuentes y antecedentes
Ordenanza Municipal N.º 10.197, sancionada el 22 de febrero de 2000; promulgada por Decreto N.º 441/2000. Compensación de deudas inmobiliarias mediante servicios comunitarios.
Ordenanza Municipal N.º 10.398, sancionada el 5 de junio de 2001. Exenciones tributarias condicionadas a prestaciones deportivas y recreativas.
«Condonarían deudas de clubes», recorte periodístico contemporáneo aportado por el autor; medio y fecha pendientes de identificación.
La Voz del Interior, «Kammerath firmó la exención de impuestos», 26 de julio de 2001. https://archivo.lavoz.com.ar/2001/0726/deportes/nota46238_1.htm
Municipalidad de Córdoba, Prometido y Cumplido 2000, informe de gestión, apartados sobre regularización tributaria y programas recreativos.
Testimonio personal del autor sobre la reunión de 1999 en la Liga Cordobesa de Fútbol, el acta compromiso y la experiencia de integración social. El documento original y los registros completos de beneficiarios quedan pendientes de recuperación.









