La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 abrió un nuevo debate sobre el modelo de atención, las internaciones involuntarias y el rol del Estado en el acompañamiento de las personas con padecimientos psíquicos. Mientras el Gobierno nacional impulsa modificaciones a la normativa, organizaciones y trabajadores del sector advierten que los cambios pueden significar un retroceso en los derechos conquistados y reclaman mayor inversión para garantizar su cumplimiento.
En diálogo con Radio Punto a Punto, la especialista Jaschele Burijovich cuestionó los argumentos que respaldan la reforma y señaló que parte de la discusión pública se sostiene sobre información incorrecta acerca de la legislación vigente.
“Hay mucha desinformación”, afirmó. En particular, se refirió a las versiones que sostienen que la actual ley no contempla las internaciones involuntarias. “Esa es la desinformación porque la ley prevé las internaciones involuntarias”, explicó.
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Según detalló, la normativa establece que estas intervenciones deben contar con una evaluación interdisciplinaria y responder a criterios específicos, debido a que implican una restricción de la libertad de las personas. “Lo que exige para esas internaciones involuntarias es que exista un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, precisó.
Advertencia por los cambios en la Ley
Para Burijovich, uno de los principales riesgos de la reforma es que flexibiliza los criterios para disponer una internación involuntaria. “Lo que hace ahora esta reforma, lo que habilita es como que lo pone ese criterio mucho más laxo”, sostuvo. Y advirtió que se trata de una modificación profunda en la concepción de la salud mental: “Se vuelve a la idea de porque tienen un trastorno, una situación crítica en salud mental, son potencialmente peligrosos”.
La especialista cuestionó especialmente la posibilidad de que una persona pueda ser internada a partir de la presunción de una crisis futura. “Por la posibilidad de crisis futuras te pueden internar, eso nos parece que es un retroceso enorme en relación a la salud”, expresó.
También remarcó que las internaciones involuntarias deben ser evaluadas por equipos interdisciplinarios, integrados por profesionales de distintas áreas, “psiquiatras y psicólogos, por eso decimos evaluación interdisciplinaria”, explicó.
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Otro de los puntos que abordó Burijovich fue la atención de las crisis psicosociales y la intervención de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, cuestionó que las personas que atraviesan situaciones críticas terminen siendo asistidas por la Policía ante la falta de dispositivos sanitarios adecuados. “Hay personas que terminan policializadas por crisis psicosociales, eso no debería suceder. Tiene que haber equipos de salud mental que atiendan estas situaciones de crisis”, planteo.
Además, rechazó que la Ley 26.657 sea considerada una normativa antipsiquiátrica. “De ninguna manera es una ley antipsiquiátrica”, remarcó. Explicó que su enfoque propone una atención interdisciplinaria, en la que los psiquiatras tienen un lugar importante junto con psicólogos, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales.
La especialista también cuestionó la posibilidad de habilitar nuevamente hospitales especializados en salud mental. “Este es el otro retroceso, que a partir de habilitar hospitales especializados, que es un eufemismo de manicomios, también tienen la posibilidad de lucrar con esas situaciones”, afirmó. Para Burijovich, los cambios propuestos no representan modificaciones menores, sino “un cambio de concepción, porque es una retirada del Estado”, concluyó.
El reclamo por presupuesto
La discusión legislativa coincidió con la realización de la 13ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Córdoba, convocada para este viernes 30 de octubre bajo la consigna “La salud mental está que arde”.
La movilización, que comenzará a las 18 en la intersección de Colón y General Paz, reunió a personas usuarias de los servicios de salud mental, familiares, trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales. El reclamo central apunta a exigir mayor financiamiento y la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental.
Burijovich explicó que la marcha se realiza desde hace 13 años y que el pedido de las organizaciones se mantiene desde la sanción de la normativa, en 2010. “Lo que nosotros decimos es que no hay que transformarla, sino que hay que implementarla”, sostuvo.
En esa línea, cuestionó que el debate se concentre en modificar los artículos de la ley, “pero en realidad lo que hay que hacer es ponerle recursos, ponerle presupuesto”, señaló. La consigna de este año también busca visibilizar el aumento del malestar psicológico y las dificultades del sistema para responder a esa demanda. “Nosotros vemos que el malestar psicológico aumenta, que aumentan los suicidios, que las condiciones de vida están generando mucho padecimiento y sufrimiento, y que las inversiones en salud mental, llámese presupuestos, no son los adecuados para afrontar este aumento del malestar en la población”, explicó.
Entre los datos difundidos por las organizaciones convocantes, se señala que el malestar psicológico en Córdoba alcanzó los 23,6 puntos en 2025, el registro más alto desde 1993. También indicaron que la tasa de suicidios en la ciudad llegó a 10,31 cada 100.000 habitantes.
En materia presupuestaria, los organizadores advirtieron que la Provincia destinó a salud mental el 4,99% del presupuesto de Salud para 2026, por debajo del 10% establecido por la ley nacional. A nivel nacional, señalaron una caída del 42% en la ejecución de los programas de salud mental entre 2023 y 2025.
La marcha de este viernes volvió a poner en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer los equipos interdisciplinarios, ampliar los dispositivos comunitarios y garantizar recursos para atender las situaciones de crisis. El reclamo de las organizaciones apunta a que las políticas públicas acompañen el aumento de las demandas de atención y aseguren el respeto de los derechos de las personas usuarias del sistema de salud mental.
