La investigación por el ingreso ilegal de teléfonos celulares al complejo penitenciario de Bouwer derivó en la detención de un empleado del Servicio Penitenciario de Córdoba y de un interno, sospechados de haber acordado una maniobra a cambio de dinero.
La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Franco Mondino, dispuso la imputación y detención del subayudante Luciano Rafael Brito, por el delito de cohecho pasivo, y del interno Nicolás Kademian, acusado de cohecho activo.
La denuncia fue presentada por autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba. Tras la intervención judicial, se concretó la aprehensión y el secuestro de teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los dos imputados fueron indagados y se abstuvieron de declarar.
No deja de llamar la atención la persistencia de hechos de esta naturaleza, cuando la Justicia avanzó en una compleja investigación que culminó con toda la cúpula del SPC detenida. A pesar de esa situación, continúan detectándose agentes penitenciarios que ingresan elementos ilegales a los penales a cambio de dinero.
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Cómo fue el acuerdo
Según la investigación, la maniobra habría sido acordada antes del 19 de octubre pasado, dentro del Establecimiento Penitenciario N° 1 Reverendo Padre Luchesse, ubicado en Bouwer.
Kademian, alojado en el módulo MX1, habría pactado con Brito, quien cumplía funciones el ingreso de teléfonos celulares al establecimiento a cambio de una suma de dinero. Para concretar la operación, el empleado penitenciario se habría contactado con personas que todavía no fueron identificadas. Según la hipótesis fiscal, estas personas le entregaron cinco teléfonos celulares y una cantidad de dinero no determinada en las inmediaciones de la rotonda Las Flores, en la intersección de las avenidas Vélez Sarsfield y Armada Argentina, en la ciudad de Córdoba.
La entrega de los dispositivos al interno habría ocurrido el 19 de octubre, alrededor de las 13, cuando Brito se encontraba cumpliendo su jornada laboral en el módulo MX1.
El preso habría pagao $510 mil
La reconstrucción fiscal sostiene que, al momento de recibir los cinco teléfonos, Brito habría cobrado de Kademian otros $510.000 en efectivo, como contraprestación y saldo restante del monto que habían acordado inicialmente.
Los dispositivos secuestrados eran cinco teléfonos Samsung, sin tarjetas SIM ni memorias extraíbles. Algunos tenían sus números IMEI identificados, mientras que uno de ellos no contaba con esa información legible.
Además del dinero que habría recibido durante la entrega, los investigadores encontraron efectivo en el automóvil en el que se trasladaba el empleado penitenciario.De acuerdo con el detalle incorporado a la causa, el dinero secuestrado en total ascendió a $1.221.250.
