A menos de 48 horas de la difusión de los fundamentos de la sentencia de la Cámara 3ª del Crimen, la fiscal de Cámara Laura Battistelli confirmó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) —equipo que encabeza junto al fiscal Marcelo Sicardi— interpondrá un recurso de casación para anular la absolución dictada en favor de Gustavo Herrera por el homicidio de su hermana, Gabriela Pérez, durante un almuerzo del Soelsac en el Club Yapeyú, el 9 de septiembre de 2023.
Pero, además, la Fiscalía General decidió ir a fondo en el tema. Con la firma del adjunto, Héctor David, emitió dos instrucciones.
Una fue acumular 12 expedientes distribuidos en varias fiscalías que ahora quedaron a cargo de la instructora Silvana Fernández, la fiscal que investigó el crimen desde el minuto cero. Son hechos anteriores a la balacera mortal que marcan la escalada de violencia que se produjo en los meses previos a la contienda electoral. Se suman al residual de la causa quizás más trascendente: determinar la autoría intelectual del ataque y la motivación; mientras se busca -ahora con colaboración de las fuerzas de seguridad nacionales- al prófugo Luis Mendoza, una pieza clave del rompecabezas.
La otra directiva, también suscripta por David, fue designar al fiscal de Narcotráfico, Carlos Cornejo, para investigar los posibles delitos narco que surjan de las causas "Herrera, Gustavo Omar y otro" -que ya fue juzgada- y de otras conexas.
Durante el juicio, el secretario general del Soelsac (sindicato de empleados de limpieza), Sergio Fittipaldi sin dubitar afirmó que Franco Saillén, dirigente del Surrbac (sindicato de recolectores de residuos) quería quedarse con el gremio para “ampliar la distribución de drogas”. La fiscal federal subrogante Virginia Miguel Carmona lo citó en varias oportunidades, pero Fittipaldi presentó certificados para excusarse de ir a declarar.
Ahora, por instrucción de David, se profundizará sobre los indicios existentes con el objetivo de corroborar si miembros de la barrabrava de Talleres de barrio Yapeyú y zonas adyacentes -o terceras personas- tienen o tenían actividad narco.
Laura Battistelli: “La Cámara despejó el móvil sindical”
En declaraciones a Cadena 3, la fiscal de Cámara Laura Battistelli criticó severamente la estructura del fallo redactado por la Cámara 3a. del Crimen, integrada con jurados, señalando que la resolución padece de fallas de pensamiento lógico y de un manejo técnico deficiente al momento de evaluar los indicios probatorios.
Cuestionó la fragmentación de indicios en el análisis de las pruebas. Opinó que, para arribar jurídicamente a una duda insuperable, el tribunal tiene la obligación de "caminar" y ponderar la totalidad de los indicios de manera integrada. Según la acusadora, el voto preopinante de la Cámara incurrió en un vicio lógico al cercenar y desechar elementos de prueba clave presentados en el debate. Al omitir el análisis conjunto de todo el caudal probatorio, se le otorgó un peso desproporcionado a ciertos datos aislados para forzar la duda que derivó en la absolución de Herrera.
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Audios que no se analizaron
Uno de los reclamos centrales de la fiscalía se enfoca en que el fallo omitió otorgarle el peso correspondiente a las escuchas telefónicas ventiladas en el juicio. Específicamente, hizo referencia a la llamada registrada en la madrugada del crimen entre un sujeto identificado como "Gringo Gómez" y Hugo "Ciego" Cardozo, barra de Talleres incorporado días antes a las filas de Fittipaldi en el Soelsac. Para la fiscal, ese audio demuestra con claridad que el ataque no respondía a una disputa de hinchadas, sino a una encarnizada lucha de intereses gremiales donde Gómez exigía correrse del apoyo a Fittipaldi.
Sobre esa misma línea argumental, cuestionó que la sentencia haya "limpiado" el escenario del crimen de toda connotación sindical. Criticó que el tribunal haya encuadrado la participación de Adrián "Petaca" Vallejos (condenado a 8 años como partícipe secundario) en un simple altercado de hinchadas de fútbol ocurrido un año y medio antes en un estadio, desvinculándolo de la estructura gremial en disputa.
Battistelli explicó que la fiscalía buscaba sentar una base firme en este juicio para escalar en la cadena de responsabilidades hasta las cúpulas sindicales, pero el fallo "cortó la escalera" al reducir el hecho a una mera controversia futbolística.
Por último apuntó contra la falta de grabación de los alegatos finales debido a que el sistema oficial Cícero dejó de funcionar pasadas las 22:00 horas. Remarcó que la custodia y operación de los registros audiovisuales —que reemplazan a las antiguas actas escritas— es de exclusiva responsabilidad de la Cámara y no de las partes.
