Un conflicto institucional se destapó en la Justicia Provincial entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y los vocales de la Cámara 3a. del Crimen, Gustavo Ispani, Leandro Quijada y María de los Ángeles Palacio de Arato.
Una serie de enfrentamientos entre fiscales y jueces eclosionaron durante el juicio oral y público por el crimen de Gabriela Pérez, donde el tribunal con jurados populares absolvió al acusado de efectuar los disparos mortales contra el Club Yapeyú en septiembre de 2023 y condenó a otro imputado como partícipe secundario del homicidio.
Pero, el viernes de la semana pasada se sumó otro episodio, vinculado a la megacausa Bomberos, donde deben ser juzgados altos funcionarios policiales por el presunto otorgamiento de certificados falsos para obtener habilitaciones municipales de instituciones y comercios. Este complejo expediente tiene más de una decena de acusados. La mayoría admitió condiciones de juicio abreviado (confesión y penas atenuadas), salvo un exbombero para quien la Fiscalía de Camara pidió prisión preventiva. El caso tiene ribetes escandalosos por las implicancias de la trama por la que está detenido el exsubjefe de Policía, Gustavo Folli.
De qué tratan las dos denuncias
El fiscal general adjunto Héctor René David, formalizó una denuncia y una posterior ampliación ante el Tribunal de Ética Judicial contra los vocales de la Cámara 3ª del Crimen Ispani, Palacio de Arato y Quijada.
El eje común de ambas presentaciones es la presunta violación sistemática de la independencia orgánica y funcional del MPF, acusando a los jueces de arrogarse facultades que corresponden exclusivamente a la Fiscalía General, además de incurrir en conductas arbitrarias y hostiles durante el desarrollo de juicios de gran trascendencia pública.
El caso Soelsac
La primera presentación ante el organismo ético fue radicada el 21 de octubre último, en el marco de la causa en la que se investigó el homicidio con arma de fuego de la joven empleada de limpieza, Gabriela Pérez. En ese expediente, el fiscal general adjunto había designado a la la fiscal Laura Batistelli para llevar adelante la acusación pública junto al fiscal Marcelo Sicardi.
Según detalló David en la presentación, los camaristas manifestaron desde un inicio un abierto "desagrado" por la designación de Batistelli -a través de una resolución de la Fiscalía General Adjunta- e intentaron removerla de manera intempestiva. Incluso, la Cámara 3ª pretendió nombrar de forma infacultada a otro fiscal -Martín Berger- para asumir el rol acusador, desconociendo la autoridad del MPF y la normativa que rige las sustituciones de sus funcionarios.
A esta intromisión se sumaron diversos hechos ocurridos durante el debate oral conducido por jurados populares. Los hechos están incluidos en la denuncia que analiza el Tribunal de Ética.
Durante la declaración de una testigo, el presidente del tribunal, Gustavo Ispani, le leventó la voz y reprochó de manera descomedida a la fiscal Batistelli con la frase "estoy hablando se puede callar", hecho por el cual la representante de la acusación le recordó que era la segunda vez que le gritaba y exigió disculpas formales.
En la etapa de alegatos, el tribunal consintió que el abogado defensor acusara al Ministerio Público de actuar con "gatopardismo" y desplegar una "conducta extorsiva" al haber ofrecido previamente un acuerdo de juicio abreviado. La Cámara no intervino ni frenó las descalificaciones vertidas contra los acusadores.
Hubo un apagón del sistema de grabación y restricción al jurado, refiere la denuncia. Durante los alegatos finales y las réplicas de la fiscalía, el sistema oficial de grabación filmográfica (Cisero) dejó de funcionar a las 22:00 horas sin que los jueces activaran la opción de continuidad, dejando la instancia decisiva de las conclusiones sin registro audiovisual. Asimismo, se privó a los miembros del jurado popular del acceso a los links de los registros filmográficos de las conclusiones.
Qué pasó en la causa "Bomberos"
El viernes pasado, el fiscal general adjunto amplió la denuncia ética tras ser anoticiado de un nuevo episodio de intromisión por parte del mismo tribunal.
El fiscal de Cámara Martín Berger informó que recibió una llamada telefónica de la Cámara 3ª del Crimen donde los vocales le solicitaron que asumiera la acusación en el juicio conocido como "Bomberos".
La maniobra ignoró que la Fiscalía General ya había asignado oficialmente para ese tribunal al fiscal subrogante Fernando López Villagra, sino que además los jueces habría pretendido instruir a Berger sobre cómo debía litigar.
Según consta en la presentación elevada al Tribunal de Ética, los camaristas le indicaron por teléfono al fiscal que sostuviera las propuestas de juicio abreviado fijadas anteriormente por su colega, Marcelo Hidalgo, y le pidieron expresamente que "revisara la situación de un posible cambio de calificación legal" que estaba exigiendo la defensa del imputado Julio Zárate, un exbombero que se encuentra libre a pesar de estar acusado de ser miembro de la asociación ilícita.
Julio Zárate es el único imputado que no acordó un juicio abreviado. Está en libertad. La Fiscalía pidió su detención, la Cámara rechazó la solicitud.
Para Héctor David, este hecho constituye un avasallamiento directo a las funciones constitucionales del MPF, ya que los jueces no tienen potestad para convocar a los fiscales a su criterio ni para sugerir o direccionar las posturas acusatorias. Ante la gravedad de los sucesos, el Tribunal de Ética Judicial deberá resolver si abre un procedimiento disciplinario contra los tres vocales.
