La Megacausa Bomberos, uno de los procesos más complejos de la Justicia provincial, avanza hacia su cierre con mayoría de juicios abreviados. El exjefe de Bomberos subjefe de la Policía de Córdoba y exdirector de Defensa Civil municipal, Gustavo Folli Pedetta, acordó un abreviado con la Fiscalía de Cámara, a cargo de Marcelo Hidalgo. A cambio de su confesión recibirá una pena de 6 años y 2 meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación para cargos públicos y de seguridad.
Folli Pedetta está detenido en Bouwer, acusado por asociación ilícita en carácter de jefe y organizador; falsedad ideológica; coacción, amenazas y lesiones graves calificadas por violencia de género, en perjuicio de su expareja.
Como en todo juicio abreviado, los imputados admitieron los hechos y confesaron. A cambio evitan el debate oral y público con jurados populares y obtienen penas más cercanas al mínimo. Los acuerdos todavía requieren el control judicial de la Cámara 3ª del Crimen.
Esta mañana se realizó la segunda audiencia preliminar. En la primera, la Fiscalía expuso los acuerdos ofrecidos. Hoy los defensores y acusados comunicaron sus decisiones.
El presidente de la Cámara 3a. del Crimen, Leandro Quijada, debe ahora fijar fecha de audiencia donde serán homologados todos los acuerdos.
El único que no aceptó
El policía Julio Zárate fue el único que no aceptó. Para él, el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo había propuesto 6 años y 6 meses de prisión efectiva. Es considerado miembro de la asociación ilícita. Al rechazar la oferta, el fiscal pidió que se le dicte prisión preventiva para garantizar la realización del debate abierto sobre su responsabilidad penal.
Si finalmente no se dispone a confesar su responsabilidad, será juzgado en un debate abierto.
Para esa instancia, la Fiscalía y la defensa deben ofrecer prueba.
El fiscal Hidalgo anticipó a Perfil CÓRDOBA que solicitará 150 testigos.
Las penas acordadas
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Sergio Enrique Sosa (exjefe de Bomberos): 6 años, con 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y de seguridad.
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Roque Javier Olmedo (empleado de la firma Cyre SA de los Supermercados Cordiez): 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial por 7 años para actuar como mandatario o apoderado comercial.
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Mario Javier García (gestor): 3 años de prisión condicional y 5 años de inhabilitación profesional como ingeniero en Higiene y Seguridad.
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Félix Rafael Calama (gestor): 3 años de prisión condicional y 7 años de inhabilitación para ejercer la ingeniería civil.
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José Leonardo Gorocito (exchofer del Subjefe de Policía): 3 años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación para funciones policiales o de seguridad.
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Mónica Elizabeth Barrionuevo (expolicía): 3 años de prisión condicional y 8 años de inhabilitación para empleos públicos.
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Marcos Octavio Gennaro (empresario de boliches): 2 años y 6 meses de prisión condicional y 5 años de inhabilitación para la explotación o administración de locales nocturnos.
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Miguel Ángel Amil (dueño de un centro deportivo): 2 años y 6 meses de prisión y 5 años de inhabilitación para el comercio y la explotación de predios deportivos.
Una oferta que bajó
Las penas pactadas son menores que las que el fiscal había propuesto al abrirse la instancia de negociación. En la audiencia preliminar, Hidalgo ofreció juicios abreviados con penas de hasta 6 años y 8 meses de prisión efectiva. Para Folli Pedetta había propuesto esa condena, junto con inhabilitación absoluta perpetua. El fiscal se había comprometido a evaluar una mayor reducción si los imputados aceptaban dentro del plazo de 12 días hábiles, que vencieron hoy martes 13 de octubre.
Durante la negociación hubo además ofrecimientos económicos de empresarios para evitar el juicio. Marcos Gennaro ofreció 3 millones de pesos y la Fiscalía lo rechazó. Otro empresario, MIguel Angel Amil ofreció 100 mil pesos como reparación y el fiscal lo descartó por irrisorio.
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La maniobra investigada
La causa investiga una presunta asociación ilícita dedicada a gestionar y confeccionar certificados de Bomberos apócrifos para obtener habilitaciones municipales de comercios, grandes superficies y locales bailables. Entre los establecimientos mencionados en la investigación figuran Cyre SA (Supermercados Cordiez y Mercamax), Casa del Médico, Garden Padel y la discoteca Vlack. Según la acusación, el incumplimiento de las normas de seguridad puso en riesgo a miles de personas. Se llegó a hablar de "Cromañones potenciales", en alusión al incendio del local bailable porteño que dejó 194 muertos.
La causa ya había tenido otros acuerdos en la instancia preliminar de investigación. Los bomberos Marcos Luquez y Eduardo Rivadero recibieron tres años de prisión condicional en un abreviado inicial, y a un imputado se le aplicó la Ley del Arrepentido. Un acuerdo para los empresarios Darío y Natalia Brasca y para Carlos Ariel Goldaracena Altamirano estaba bajo análisis del Juzgado de Control.
A propósito de esos procesos, se generó ruido interno en el Ministerio Público Fiscal por el criterio que tenían en la primera instancia y en la de juicio respecto a las penas. En un caso plantean inhabilitaciones y en el otro, no.
