El miércoles de la semana pasada la Cámara 3ª del Crimen realizó una audiencia preliminar en uno de los juicios más complejos que se tramitan en la Justicia provincial. Se trata de la denominada Megacausa Bomberos, donde está imputado y detenido Gustavo Folli Pedetta, quien fue jefe de Bomberos, subjefe de la Policía de Córdoba y director de Defensa Civil de la Municipalidad de la Capital.
La relevancia del caso está en las implicancias de las maniobras. Según la acusación habrían existido gestiones y confección de certificados de Bomberos apócrifos para lograr habilitaciones municipales de comercios, grandes superficies y boliches. El solo incumplimiento de las normas de seguridad colocaron en riesgo a miles de personas que transitaron por esos locales.
Se llegó a afirmar que fueron “Cromañones potenciales”, en alusión al incendio del local bailable porteño donde murieron 194 personas y más de 1.400 sobrevivieron con graves lesiones.
Entre los casos investigados aparecen certificados truchos para las habilitaciones de Cyre SA (Supermercados Cordiez y Mercamax), Casa del Médico, Garden Padel, la discoteca Vlack y otros establecimientos y depósitos.
Además de Folli Pedetta, hay jefes del cuerpo de bomberos, un inspector municipal y empresarios acusados.
En la audiencia preparatoria, el fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, propuso acuerdos para abreviar el juicio a 10 acusados de integrar la presunta asociación ilícita. Suponen la confesión de los imputados, a cambio de evitar el debate oral y público con jurados populares y obtener penas más cerca del mínimo previsto en el Código Penal. El plazo es de 12 días hábiles, dentro del cual el fiscal se comprometió a evaluar una mayor morigeración de las sanciones en caso de que acepten.
La pena más alta
A Gustavo Folli Pedetta, la Fiscalía propuso una pena de 6 años y 8 meses de prisión efectiva. Además de la acusación como coautor de asociación ilícita en carácter de jefe y organizador y falsedad ideológica, se le atribuyen coacción, amenazas y lesiones graves calificadas por violencia de género, en perjuicio de su expareja.
Además de la pena de prisión, Hidalgo solicitó inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, policiales o de seguridad, junto con multa, decomiso y la declaración de falsedad y supresión de distintos documentos.
Folli Pedetta está detenido en Bouwer. El plazo último de la preventiva vencerá el 26 de diciembre próximo. Una situación similar es la de Julio Zárate para quien el fiscal propuso 6 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación especial por 24 años para desempeñarse como gestor o tramitador ante organismos públicos.
Para Sergio Enrique Sosa, 6 años y 4 meses de prisión efectiva. Para Roque Javier Olmedo, la Fiscalía solicitó 4 años de prisión efectiva y una inhabilitación especial por 16 años para actuar como mandatario o apoderado comercial.
La propuesta también alcanza a profesionales y otros integrantes de la estructura:
– Mario Javier García: 3 años y 8 meses de prisión efectiva, más 14 años de inhabilitación profesional como ingeniero en Higiene y Seguridad.
– Félix Rafael Calama: 3 años y 6 meses de prisión efectiva y 11 años de inhabilitación para ejercer la ingeniería civil.
– José Leonardo Gorosito: 3 años y 4 meses de prisión efectiva y 12 años de inhabilitación para funciones policiales o de seguridad.
– Mónica Elizabeth Barrionuevo: 3 años y 3 meses de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para empleos públicos.
– Marcos Octavio Gennaro (empresario de boliches): 3 años de prisión efectiva y 7 años de inhabilitación para la explotación o administración de locales nocturnos.
– Miguel Ángel Amil: 3 años de prisión efectiva y 6 años y 8 meses de inhabilitación para el comercio y explotación de predios deportivos.
En todos los casos, las propuestas incluyen, según corresponda, multas por lucro, decomisos y medidas sobre los certificados, informes técnicos o documentación cuya falsedad fue atribuida por la Fiscalía.
El ofrecimiento de acuerdos no equivale a una condena porque requiere la aceptación de los imputados y el control judicial por parte del tribunal.
¿Qué pasó con el resto?
De los 16 acusados al cabo de la instrucción, que condujo el fiscal Guillermo González, hubo un imputado a quien se aplicó la Ley del Arrepentido. Dos bomberos, Marcos Luquez y Eduardo Rivadero, hicieron un juicio abreviado inicial y recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Actualmente, en el Juzgado de Control está bajo análisis un acuerdo en juicio abreviado inicial para los empresarios Darío y Natalia Brasca (Supermercados Cordiez) y para Carlos Ariel Goldaracena Altamirano.
Si hay debate abierto, el fiscal pidió dividir el juicio
El fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, solicitó a la Cámara que, en caso de un juicio abierto y no abreviado, se separen los procesos. Al existir episodios y una víctima de violencia de género, debe resguardarse su intimidad por lo que se impone un debate a puertas cerradas.
Para garantizar que los hechos de corrupción sean ventilados en un juicio público. pidió que se hagan audiencias diferenciadas del debate por violencia contra la expareja de Folli, hechos por los cuales solo él debe responder.
Hidalgo sostiene que no hay conexidad entre ambos escenarios. Hay nueve imputados ajenos a los hechos de violencia a la pareja. Además, exponer a los jurados legos —convocados exclusivamente para juzgar la causa de corrupción administrativa— las pruebas de abuso físico, psíquico y aborto forzado imputados a Folli podría generar un sesgo y prejuicio negativo al momento de emitir su veredicto sobre la asociación ilícita. También implicaría exponer a la víctima al resto de imputados, sus defensores y jurados que no resolverán sobre los hechos relativos a ella.
Por último, Hidalgo sostuvo que hay riesgo de que venzan las prisiones preventivas de Folli Pedetta y Zárate si el debate en el juicio se prolonga.
