Hasta el próximo martes, 13 de octubre, una decena de acusados en la megacausa Bomberos tienen plazo para responder si aceptan la propuesta de juicio abreviado del fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo. En los últimos días, dos imputados confesaron haber participado de la trama de corrupción para obtener y usar certificados de Bomberos falsos con el fin de conseguir habilitaciones municipales para negocios. En la lista no está el exjefe de Bomberos, exsubjefe de Policía y exdirector de Defensa Civil municipal, Gustavo Folli Pedetta.
Entre las respuestas que recibió la Fiscalía está la de Miguel Ángel Amil (49) dueño de la empresa Garden Padel SAS, que regentea el complejo deportivo Garden Arena ubicado en el barrio Granja de Funes. El escrito, firmado por la defensora Marta Rizotti, consiste en un pedido de probation (suspensión de juicio a prueba) a cambio de una reparación económica.
Lo insólito es la cifra que, además, es confusa. Dice textualmente: “Ofrezco como reparación del daño causado la suma de pesos cien mil ($200.000) a cuya cuenta bancaria SS estime corresponda hacerle el depósito” (sic). En cifras es un número y en palabras es otro.
Amil está imputado por los delitos de encubrimiento agravado con ánimo de lucro y uso de documento público falso, en concurso real. La investigación plantea la sospecha de que usó certificados truchos para conseguir la habilitación de su negocio.
Durante la audiencia preliminar, el fiscal Marcelo Hidalgo propuso al empresario un juicio abreviado, donde la sanción fuera de tres años de prisión efectiva, e inhabilitación especial por 6 años y 8 meses para el comercio y explotación de predios deportivos.
En ese contexto, el fiscal Hidalgo rechazó de plano la posibilidad de aceptar el pedido de probation del empresario. “No puedo dejar de manifestar lo irrisorio, desproporcionado e irrazonable de la propuesta frente al elevado daño causado a los bienes jurídicos que protegen las normas penales que se le atribuye haber sido infraccionadas”, destacó. Agregó, además, que la propuesta de realizar tareas comunitarias dando clases de pádel en el ámbito de su propio negocio “no constituye una verdadera carga ni reparación adecuada al daño social generado”.
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Dos que sí acordaron abreviados
El ingeniero y especialista en Higiene y Seguridad, Mario Javier García acordó con la Fiscalía un juicio abreviado. Confesó ser coautor de asociación ilícita en calidad de miembro y partícipe necesario de falsedad ideológica reiterada -por los certificados falsos de Bomberos que gestionó- y se le aplicó una pena morigerada de tres años de prisión condicional e inhabilitación por cinco años para desempeñarse como profesional.
En otro acuerdo, quien confesó es la policía retirada Mónica Elizabeth Barrionuevo, quien recibirá una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer empleos públicos por ocho años. Antes, el fiscal había solicitado a Barrionuevo 3 años y 3 meses de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para empleos públicos.
El expediente donde suceden estas presentaciones está radicado en la Cámara 3a. del Crimen, presidida por Leandro Quijada. Hay otras líneas investigativas en primera instancia donde también se están celebrando acuerdos en juicios abreviados iniciales.
