La plata no le devolverá a su mamá, pero al menos le generará un perjuicio económico a la persona que le arruinó la vida. En la provincia de Santa Cruz, una jueza le trabó un embargo de 3 millones de pesos al femicida de la maestra Jésica Minaglia (30), y pidió que se arbitren los medios para que la reparación económica la reciba su hijo de 2 años.
La denominada Ley Brisa (27452) establece un pago "para niñas, niños y adolescentes menores de 21 años cuando su progenitor haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de progenitora".
La jueza de Puerto Santa Cruz, Noelia Ursino, que interviene en la causa por el asesinato de la docente de Luis Piedrabuena, ordenó el embargo sobre dinero o bienes del procesado Pablo Alejandro Núñez (36) "hasta cubrir la suma de 3 millones de pesos".
En la resolución pidió que se "haga saber a la oficina de protección integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Comandante Luis Piedra Buena con la intervención del Ministerio Pupilar, que deberá arbitrar la gestión de la reparación económica en los términos del Artículo 1º de la Ley 27.452" a favor del hijo de la maestra.
Ursino señaló que la docente "no tenía problemas con nadie" y que "la única persona con quien tenía conflicto y que incluso la amenazaba" era su ex pareja y padre de su nene.
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En el procesamiento, la jueza entendió que el acusado nunca aceptó la separación y que "estaba desquiciado" frente a la posibilidad de que Jésica estuviera con otra persona.
Para ello tuvo en cuenta una serie de audios que la víctima le envió a una amiga y a un hombre que estaba conociendo, y otros que recibió del propio acusado. En uno de ellos, el principal acusado la amenazó: “No me hagas cometer locuras”.
Jésica manifestó varias veces su preocupación por la situación y hasta le dijo que si volvía a su casa lo iba a denunciar. "No entiende que me cansé de él, de sus promesas... No entiende que quiero terminar con él y me sigue llamando", le contó a una de sus amigas.
"Minaglia no tenía problemas con nadie, tenía planes futuros, ganas de vivir, que nadie frecuentaba su domicilio y que la única persona con quien tenía un conflicto y que incluso la amenazaba era el imputado Núñez", explicó la jueza. Ursino justificó la prisión preventiva porque cree que existe un "peligro real de fuga" por "la alta condena en expectativa" que enfrenta el acusado y por su "profesión".
"Si bien el imputado se desempeña como policía de la provincia, esto hace que, de recuperar su libertad y volver a sus funciones, pueda tratar de entorpecer el accionar de la justicia y así intentar frustrar los fines del proceso para lograr la elusión, máxime teniendo en cuenta todas las maniobras con las que intentó no ser descubierto, usando para ello los conocimientos profesionales que posee", argumentó la jueza en el fallo.
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Entre la noche del 14 de abril y la madrugada del 15, la maestra fue atacada a golpes con un objeto contundente en el interior de su casa. Según la autopsia, “hubo un tiempo de agonía entre el momento del ataque y hasta el momento del deceso". Al día siguiente, el principal sospechoso por el femicidio fue detenido.
