Chaco registra un 12,3% de morosidad empresarial, el segundo nivel más alto del país detrás de Santiago del Estero, con un 13,3%, según los datos del Mapa de la Deuda de las Empresas presentados en el Senado de la Nación. El informe fue el eje de un encuentro en el que legisladores opositores y representantes de cámaras empresariales reclamaron una ley de emergencia para las pymes y cuestionaron la respuesta del Gobierno nacional frente a las dificultades financieras del sector.
La herramienta fue desarrollada por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) junto con la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), sobre información de la Central de Deudores del Banco Central. Permite analizar el endeudamiento y los atrasos de pago por tamaño de empresa, actividad y ubicación geográfica. La presentación se realizó el martes 3 de noviembre en el Senado, con la participación de economistas, empresarios y senadores.
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Capitanich cuestionó los beneficios para las grandes inversiones
El senador chaqueño Jorge Capitanich, presidente de la Comisión de Economías Regionales, vinculó las dificultades de las empresas con la pérdida de poder de compra de los hogares y el aumento de los costos. “Este modelo destruye a las familias y a las PyMEs”, afirmó. Según planteó, cuando las familias deben concentrar sus ingresos en los gastos esenciales, la reducción de las compras repercute primero en los comercios de cercanía.
El exgobernador también contrapuso los beneficios para los grandes capitales, a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado “Super RIGI”, con la falta de avance de una emergencia para las pequeñas y medianas empresas. “Hay una discriminación alevosa para las pequeñas y medianas empresas que afecta la vida cotidiana”, sostuvo.
Capitanich señaló que se presentaron iniciativas sobre emergencia previsional y tributaria, endeudamiento comercial, tarifas energéticas y financiamiento, pero cuestionó la falta de respuestas. “Esto no se resuelve con tozudez y con dogma, se resuelve con medidas prácticas para salvar fuentes de trabajo y el capital reputacional construido”, expresó.
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Qué mostró el relevamiento sobre las deudas
Durante la exposición técnica, la economista Delfina Rossi, del CEC, informó que las microempresas registran un 17% de mora y que unos 645.000 monotributistas y autónomos acumulan deudas con más de 90 días de atraso. También señaló que el 19,7% de las empresas en mora presenta deudas fiscales.
Rossi describió una situación de “asfixia financiera” y advirtió que “no hay refinanciación que alcance” sin una recuperación de la actividad. Su planteo apuntó a combinar medidas de alivio financiero con una recomposición de los ingresos y del consumo. En la misma línea, el presidente de APYME, Julián Moreno, pidió reducir las tasas de interés y ofrecer asistencia para sostener las unidades productivas.
ARCA oficializó medidas, pero la oposición las considera insuficientes
El debate se produjo mientras el Gobierno avanzaba con medidas de alivio fiscal. Este jueves 5 de noviembre, ARCA oficializó la suspensión del inicio de ejecuciones fiscales y de nuevos embargos hasta el 30 de junio de 2027 para las mipymes y pequeños contribuyentes comprendidos en la normativa. Además, amplió el régimen de facilidades de pago para incluir obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026 y extendió el plazo de adhesión hasta junio del año próximo.
Durante el encuentro, Mariano Recalde rconoció el anuncio sobre los embargos, pero sostuvo que las facilidades de pago no resolverán el problema si los hogares no recuperan capacidad de compra. Marcelo Lewandowski, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, también consideró insuficiente esa respuesta: “Primero arrancamos presentando soluciones o por lo menos medidas para crecer. Ahora estamos actuando de bomberos para tratar de evitar que sigan cerrando PyMEs”, afirmó.
Desde el sector empresario, Leandro Fadul, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, consideró bienvenida la suspensión de embargos, aunque reclamó una herramienta financiera complementaria. Los pedidos coincidieron en combinar la atención de las deudas acumuladas con medidas para recuperar las ventas y preservar el empleo.
