En respuesta al pedido de los familiares de siete hombres negros ejecutados por la violación de una mujer blanca, en el año 1949, el actual gobernador del estado de Virginia, Ralph Northam, otorgó “indultos post mortem” a los siete difuntos.
El gobernador demócrata, que es médico y militar, anunció los indultos post mortem, luego de haberse reunido con una decena de familiares de los ajusticiados, acompañados de abogados defensores. La prensa de Estados Unidos registró los llantos de alivio de los familiares al escuchar el indulto tardío y comentó que su lucha finalmente había “limpiado” a sus ancestros, condenados a la pena capital en silla eléctrica tras dos años de cárcel, en 1951.
Cuatro de los hombres acusados y encontrados culpables fueron electrocutados el 2 de febrero de 1951; los tres restantes, el 5 de febrero de ese mismo año. El tribunal que los condenó sólo estaba integrado por jueces blancos.
El caso tuvo en su momento ríos de tinta, un documental y un libro (The Martinsville seven: race, rape and capital punishment”, entre otras coberturas mediáticas.
Sin embargo, los años no lo taparon; al menos para sus familiares directos que lucharon por un resarcimiento privado y también público, ya que el caso tomó resonancia internacional, no tanto por la cosa juzgada –los siete hombres nunca se declararon inocentes ni tampoco lo reclamaron sus descendientes- sino porque todos los miembros del jurado que los condenó eran blancos.
Negro, blanco y la justicia "post mortem"
“The Martinsville seven”, como se caratuló mediáticamente al caso, en alusión a la ciudad donde se cometieron el delito y la condena, tomó fuerza como ejemplo de desigualdad social en la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.
A fines del año 2020 y en febrero de este año, los demandantes entregaron su pedido formal de justicia póstuma al gobernador Ralph Northam, quien finalmente accedió y elaboró un escrito –que mostró a los periodistas- para limpiar el error que su país había cometido en el pasado.
El punto de inflexión sucedió en marzo pasado, cuando el gobernador Northam rubricó una ley que abolía la pena de muerte en el estado. Ningún tema menor, si se considera que, tras Texas, Virginia llegó a ocupar el segundo puesto en cantidad de ejecuciones en Estados Unidos.
"Los Siete de Martinsville no recibieron el debido proceso simplemente por ser negros. Fueron condenados a muerte por un crimen por el cual una persona blanca no habría sido ejecutada, y fueron asesinados por la Commonwealth simplemente por ser negros'', escribieron los abogados defensores en la carta que oportunamente dirigieron al gobernador Northam.
Para explicar su decisión, el gobernador Northam argumentó que en 1951, la violación era un delito que merecía la pena capital en el estado de Virginia. Sin embargo, Northam dijo también que históricamente la pena de muerte por violación se aplicó casi por completo a los negros. Citó que, desde 1908, cuando Virginia comenzó a utilizar la silla eléctrica, hasta 1951, las 45 personas ejecutadas por violación eran negras, según vio en los registros estatales, dijo.
Siete negros y una mujer blanca
La violación ocurrió la tarde del 8 de enero de 1949, cuando Ruby Stroud Floyd, una costurera de 32 años, ingresó a un barrio con mayoría de población negra en Martinsville, Virginia. Quería cobrar unas prendas que había vendido y desoyó las recomendaciones que intentaban disuadirla.
La joven cruzó las vías del tren y, cuando caminaba por el barrio, cuatro hombres la agredieron y luego se sumaron algunos más. Ruby Stroud Floyd pidió ayuda en la casa de una vecina, Mary Wade, y llamaron a una ambulancia. La víctima declaró que la habían violado 13 hombres negros y dijo que cuatro de ellos la habían seguido ya al verla cruzar las vías del ferrocarril.
Los primeros en ser arrestados por la policía, esa misma noche, fueron Frank Hairston Jr. y Booker Millner, quienes supuestamente dieron los nombres de otros cuatro partícipes, también encarcelados inmediatamente; Francis DeSales Grayson; Howard Lee Hairston; James Luther Hairston; Joe Henry Hampton; y John Clabon Taylor. Excepto Grayson, de 37, ninguno tenía más de 20 años. Sólo pudo confirmar que Grayson y Hampton la violaron y tuvo dificultades para identificar al resto, según el sitio BlackPast.org.
A la mañana siguiente, todos los detenidos habían firmado sus propias confesiones y decían, en síntesis, que todos habían estado presentes durante la violación, pero que no todos habían sido partícipes.
El abogado que actualmente contrató la familia arguyó que los imputados fueron sometidos a un interrogatorio policial estando alcoholizados, que no se les permitió tener asistencia jurídica ni tampoco contacto con sus familiares.
El proceso se prolongó dos años y en su época, varias marchas convocadas en Washington y Nueva York agitaban pancartas que pedían al presidente Harry S. Truman “que nuestra democracia haga lo que predica”; “ellos no deben morir”; “condenados por una corte de Virginia que nunca llevó a la justicia a un solo asesino del KKK”; “Lincoln y Roosevelt defendían la igualdad de derechos” entre otras consignas que sostenían hombres de sobretodo de tweed y señoras blancas con taquitos y tapado de piel. Sin embargo, fueron ejecutados.
Morir en la silla eléctrica
Actualmente, en 23 de los 50 estados que conforman los Estados Unidos de Norteamérica no existe más la pena de muerte como recurso judicial. Los otros 27 la conservan al menos en la letra escrita, pero no la aplican desde hace una década u otorgan al condenado la posibilidad e pedir una moratoria que a veces puede renovarse varias veces, o incluso suspenderse, si lo ordena una autoridad judicial suprema. En concreto, sólo son 18 los estados en los que la pena de muerte está vivita y coleando.
Por el contrario, Puerto Rico y Michigan son los únicos dos que incluyeron la prohibición de la pena capital en sus respectivas constituciones, de 1952 y 1964 respectivamente.
En los últimos 45 años, en Estados Unidos se realizaron 1532 ejecuciones capitales. Por la cantidad de sentencias que la ordenan, Texas es el estado que más echa mano al recurso, seguido por Oklahoma, Florida, Ohio y Arizona.
Las ejecuciones deben realizarse siempre a puertas cerradas, al menos desde 1936. Eso implica que como mínimo una pared separe al acusado del público. Sin embargo, matar y morir también puede ser un show y ha habido casos en que se tuvieron que repartir 400 acreditaciones para testigos que solicitaron presenciarla.
"Estos hombres fueron ejecutados porque eran negros y eso no está bien'', agregó finalmente el gobernador Ralph Northam, luego de indultarlos y dar por cerrado este capítulo que considera que el racismo es un delito mayor que la violación.
MM / ED
