Cerca de siete mil presuntas ejecuciones extrajudiciales, todo tipo de violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones a opositores y grupos armados civiles conocidos como "colectivos" imponiendo un violento control social y reprimiendo las manifestaciones. Ese es el balance del informe sobre la situación en Venezuela que publicó este jueves la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUD), Michelle Bachelet, que recientemente visitó ese país manteniendo reuniones con todos los sectores políticos y sociales.
El trabajo desató la ira del chavismo, que en un comunicado y en redes sociales intentó rebatir ese lapidario cuadro de situación, indicando que "son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles".
En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio pasado, Bachelet pide la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES) del gobierno bolivariano, a las que achaca en particular "la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales", supuestamente por "resistencia a la autoridad", durante operaciones policiales en 2018.
"Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores" resalta Bachelet.
Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó a la AFP una portavoz, Ravina Shamdasani. "No las habíamos publicado hasta ahora (...). Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes", detalló.
Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la ex presidenta chilena en su informe. Venezuela atraviesa una gravísima crisis política, con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países.
"El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas", explica el texto de Bachelet.
"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela" replicó el gobierno de Maduro en sus 70 comentarios.
"El informe de Bachelet recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas 'por motivos políticos'.
La situación en Venezuela es "compleja", destaca Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados. Además de la disolución de las FAES y de los "colectivos", Bachelet recomienda la creación de "un mecanismo nacional imparcial e independiente" para analizar las ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.
El texto describe la forma de operar de las FAES a partir de testimonios recogidos por la ONU en Venezuela. Según una veintena de esos testimonios, esas fuerzas especiales allanan domicilios, separan a jóvenes de sus familias y los ejecutan a sangre fría.
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Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social" dice el texto. El informe recuerda además que la Alta Comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país sudamericano.
Para el gobierno de Maduro, el informe "nada dice (...) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país".
"Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo— a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", concluye Bachelet.
A continuación reproducimos una parte de las conclusiones del informe de Bachelet sobre Venezuela:
“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró la Alta Comisionada Bachelet.
“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”.
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El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones*.
Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.
La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe. En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.
El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Si bien la Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.
El informe hace hincapié en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada.
“Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe. Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan. “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”.
En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.
Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, en el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis.
Además, señala, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.
La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos. A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno.
La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.
El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados. “La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, …ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra”, señala el documento
En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.
“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”.
AFP/H.B.
