En el marco de la pandemia, la Unión Europea anunció que financiará programas sociales en la Argentina dirigidos a las poblaciones más vulnerables , con particular énfasis en las comunidades aborígenes, donde el impacto potencial del Covid-19 es mucho mayor. Se trata de dos líneas de fondos por un total de 6,1 millones de euros —un monto sin precedentes para el país— con las que buscan asociar a diversos actores y agencias en los desafíos que presenta el virus y sus secuelas sociales.
"El mensaje fundamental del Covid-19 es que vivimos en un mundo con desafíos realmente globales. A otras pandemias le tomaba años dar la vuelta al mundo mientras que ahora fuimos todos impactados en solo tres meses. Eso demuestra cuán importante es el concepto de la cooperación internacional. No hay país que no haya tenido problemas vinculados a la pandemia, de ahí la necesidad de buscar soluciones compartidas", explicó a PERFIL Luca Pierantoni, jefe de la Sección Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. "No solo la enfermedad sino también las medidas que se toman de distanciamiento social tienen impactos socioeconómicos y golpean mucho más a los grupos marginados. Y lo seguirán haciendo cuando el virus ya haya desaparecido", añadió.
"No hay país que no haya tenido problemas vinculados a la pandemia, de ahí la necesidad de buscar soluciones compartidas", dice Luca Pierantoni, de la Delegación de la UE
Los programa se enmarcan dentro de las políticas de fortalecimiento de la sociedad civil —creadas en 1976— y las más recientes de promoción de los Derechos Humanos. Forman parte del presupuesto que Bruselas destina a nivel global y local y que revisa cada siete años. En el caso de la Argentina, ya se hizo un llamado similar a las organizaciones de la sociedad civil para que participen en 2018 con 13 proyectos que siguen ven curso. Esta vez, los fondos destinados son muy superiores y el marco de la pandemia permitió incorporar otras innovaciones.
"Nunca tuvimos una convocatoria específica sobre los pueblos indígenas. Pero hemos vistos varias de las propuestas presentadas en el pasado hacían foco en estas comunidades. Y luego en Salta se declaró una crisis sanitaria por el fallecimientos de 12 niños wichi frente a la cual reaccionamos con nuestra agencia humanitaria que mandó 800 kilos de filtros de agua y otros equipamientos", describió Pierantoni. Y completó: "Pensamos que, con la crisis Covid-19, que impacta aún más en los pueblos indígenas que no tienen acceso a servicios básicos, era el momento de consagrar fondos específicos".
La novedad en estos programas de DDHH es que no solo financiará el 100 por ciento de las iniciativas sino que la convocatoria se abrió tanto a organizaciones de la sociedad civil como agencias gubernamentales de los tres niveles —municipal, provincial y nacional— y organismos internacionales. El resultado podrían ser proyectos que asocien a actores de diversos origen y experiencia. Comprende un total de 1,6 millones de euros.
El segundo presupuesto es muy superior:4,5 millones de euros. También la convocatoria, ya que no es tan específica como la primera sino que se abre a proyectos que atiendan a cualquier grupo vulnerable de la sociedad civil en el contexto de la actual emergencia y sus secuelas, como ser menores en condiciones de precariedad socio-económica, comunidades campesinas o habitantes de zonas remotas. En este caso, solo las organizaciones de la sociedad civil pueden presentarse aunque también se pondera el trabajo en red.
Más allá de estos programas que se anunciaron en el marco del Día de Europa, en mayo pasado, las autoridades europeas colaboran desde hace más de dos meses con el gobierno de Alberto Fernández dentro del denominado programa Eurosocial. Consiste en asistencia técnica, al nivel de técnicos y funcionarios políticos, para el desarrollo de políticas sociales post Covid-19. Gran parte de los intercambios se dieron, hasta el momento, entre autoridades italianas y el Ministerio de Trabajo de la Nación y derivaron en medidas compartidas como la suspensión de despidos y otras disposiciones dirigidas a paliar la situación de quienes yacen en la economía informal. MB / DS
