En la Honduras que preside Juan Orlando Hernández, sospechado de implicación en el narcotráfico, no acatan la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de liberar a 8 defensores del medio ambiente. Sus detenciones acaban de ser prolongadas hace menos de un mes (1).
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por cinco expertos independientes, uno por cada región del mundo en que se divide Naciones Unidas, mantiene su reclamo del 2020 al gobierno de Honduras de “poner inmediatamente en libertad” a ocho defensores del medio ambiente, “detenidos arbitrariamente y criminalizados por su labor en defensa del agua, ante un proyecto minero que opera de manera supuestamente ilegal en el Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras Mejía”.
Siete de estos ocho detenidos se encuentran en la cárcel de Olancho, el restante en La Ceita. Se los acusa de “haber organizado una asociación defensora de derechos humanos, el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa”, que ha puesto en crisis la justificación de “dos concesiones mineras a una empresa para operar dentro de una zona protegida, lo que ha provocado resistencia comunitaria”, revelaron los expertos, según trasluce un documento de la ONU.
Los pobladores vecinos a la implantación del proyecto lo consideraron dañino para la ecología, y desde 2015 recurrieron “a las distintas instancias gubernamentales encargadas de los procesos de concesión minera y protección del ambiente”. En 2016 lo denunciaron ante el Ministerio Publico, pero las alegaciones no fueron investigadas. En 2018 instalaron el “Campamento de Guapinol” en las cercanías del sitio en litigio, siendo “violentamente desalojados” por la represión policial y militar, afirmó la ONU.
En ese mismo año 2018, un juzgado “con Competencia Territorial Nacional de San Pedro Sula, ... emitió orden de captura y desalojo del campamento, sin ninguna motivación” contra 31 pobladores. El 21 de enero de 2019, formuló la imputación de “asociación ilícita”, obligando así a “imponer prisión preventiva” y justificar la intervención de “un juzgado especial contra la criminalidad organizada”, manifestaron los expertos seleccionados por la ONU. Cabe recordar que estos no son funcionarios de la organización supranacional, tampoco cobran sueldo, y solo reciben el reembolso de sus gastos por los viáticos que insumen los desplazamientos en razón de sus mandatos.
Las ocho víctimas hasta aquí señaladas se sometieron voluntariamente a comparecer ante la autoridad judicial, que los encarceló el 26 de agosto de 2019. Sin embargo, pocos días más tarde los acusados fueron absueltos de las infracciones de asociación ilícita y robo agravado, reconociéndoles implícitamente así su no pertenencia “a ninguna organización criminal”, toda vez que les mantuvieron la “privación injusta de la libertad e incendio agravado”. Por tanto “les impusieron prisión preventiva”, no obstante sin motivar la resolución correspondiente, precisó la ONU.
Los abogados defensores apelaron el 4 de septiembre del 2019, proponiendo “la sustitución de la prisión preventiva”, un recurso que continúa pendiente de respuesta por parte del tribunal competente, pese a que la ley dispone resolverlo “dentro de los tres días siguientes”. Los letrados insistieron con la “revisión de medidas”, en favor de sus clientes, en otros escritos sucesivos hasta en el 2020, incluyendo varios habeas corpus. Todos fueron denegados, declarados “sin lugar”, o aún pendientes.
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La pandemia de COVID-19 ha propiciado una condición extremadamente perjudicial para la salud de estos ocho activistas, recluidos bajo condiciones de hacinamiento, en virtud de circunstancias “no adecuadas para una vida humana digna”. De hecho, todo se agrava en el contexto de la crisis sanitaria por “el riesgo de contagio del coronavirus”, que solventa el pedido de estos 8 prisioneros de una “revisión urgente” de la “prisión preventiva”, reemplazándola por “esquemas de liberación temprana, provisional o temporal”, propuso la ONU.
De momento continúan alojados en las cárceles antes citadas, en las que al igual de lo existente en los demás penales del país, reina la “falta de higiene, mala calidad y falta de acceso a agua potable, alimentos, servicios de salud, detenciones prolongadas en celdas sin acceso a la luz natural y al aire, entre otras condiciones inhumanas, y que en algunos casos puede llegar a constituir torturas”, advirtió la ONU.
El sistema penitenciario nacional de Honduras ha sido declarado en “estado de emergencia” desde diciembre del 2019, endureciendo las condiciones para los presos y familiares, aunque “no ha mejorado la seguridad ni la violencia”. Es de imaginar que ello ha recrudecido la angustia y la ansiedad de estos presos en torno a su destino, al filo de la vida y la muerte; tanto es así que “ninguna de las solicitudes” para recuperar la libertad, ha sido ni siquiera “atendida”, fuente de “sufrimientos innecesarios en el marco de la emergencia sanitaria, lo que puede tener graves consecuencias para la salud y la vida de los detenidos”, concluyó la ONU.
MF CP
