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ACTUALIDAD / CRÍTICAS AL GOBIERNO
martes 19 marzo, 2019

ONG denunció niveles más altos de "gatillo fácil", violencia carcelaria y represión desde la dictadura

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) apuntó directamente a la política de seguridad de Macri como culpable del aumento de muertos.

Policía de la Ciudad. Foto: NA
martes 19 marzo, 2019

Un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una ONG dedicada al registro de casos de abuso de fuerza de los aparatos de seguridad estatales, denunció esta semana el incremento en los casos de “gatillo fácil” y de aumento de muertes en comisarías y cárceles del país. La organización calificó de “impresionante” el resultado de sus registros.

Según la organización, hasta el año 2015 se registraba un muerto por acción de las fuerzas de seguridad cada 30 horas, pero esa esa cifra aumentó a uno cada 28 horas en 2016. A lo largo de ese año, bajó a uno cada 25 horas y a 23 horas en 2017. Según la Correpi, desde 2015 y hasta 2019 los fallecidos alcanzaron la cifra de 1.303, uno cada 21 horas en promedio, víctimas de casos de “gatillo fácil”, en estado de detención y represión en protestas.

Según afirma la Correpi, basándose en sus propios registros, el 20% de los casos detectados desde 1983 corresponden al período comprendido desde el inicio del mandato presidencial de Mauricio Macri. "Por primera vez en la historia, un Gobierno, a través de sus máximas figuras, ha salido a decir 'esta es nuestra política de Estado y es una decisión que hemos tomado de profundizar todas estas formas represivas'”, afirmó María del Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi.

“En un hecho inédito, el presidente recibe y abraza a un tipo que horas antes había sido procesado por matar por la espalda a una persona desarmada, y salió a a confrontar a jueces y fiscales que llevan adelante esa causa", dijo Verdú, que se refirió al caso del oficial Luis Chocobar, procesado por "homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber" en diciembre de 2017.

El último informe de la Correpi indica, además, que el 49% de las muertes fueron provocadas por las policías y centros de detención provinciales y el 51% de estas sucedieron en la provincia de Buenos Aires. Indica también que el 38% fueron casos de asesinatos de “gatillo fácil” y 47% muertes de personas que se encontraban bajo custodia policial o del servicio penitenciario.

“Más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio”, dice la organización. “La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones”. Mencionan el caso de “Santiago Maldonado, que se sumó, junto a Rafael Nahuel, al listado de asesinados en la represión a la protesta y el conflicto social. En los casos que no se conoce lo sucedido, o no se trata de ninguna de las modalidades principales, se incluyen en la categoría “otras”.

"La mayoría de los muertos en comisarías no son personas que están acusadas de haber cometido un delito y que al día siguiente van a ser llevadas a declarar ante un juez, sino que son justamente quienes están atravesando situaciones de detenciones arbitrarias, que son las víctimas habituales de la tortura para la extorsión o para que se hagan cargo de algún hecho que [las autoridades] no están en condiciones de esclarecer de otra manera y necesitan armarle la causa a algún ‘perejil' (chivo expiatorio)", advirtió Verdún.

D.S.


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