El Gobierno presentó hace dos semanas el anteproyecto del pliego para la licitación del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas de este año. Aunque en líneas generales se destacó como positivo el texto, desde el mundo político y empresarial ya empezaron a presentar cuestionamientos y objeciones, con eje sobre todo en la fiscalización de todo el proceso. También se observa que no hay metas de horarios para difusión de resultados y que hay menos simulacros que antes. Desde el sector de las compañías, además, pusieron la mira en la moneda de cotización, que dejará de ser dólares, algo que le suma incertidumbre considerando el contexto económico.
Adrián Pérez, ex funcionario del gobierno de Cambiemos a cargo del proceso electoral, fue uno de los que presentó un informe ante el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, con críticas y recomendaciones de cambios para aplicar al anteproyecto. Está previsto que luego de este proceso, el Ejecutivo presente el pliego definitivo y avance con el proceso licitatorio. En la elección de 2019 lo ganó Smartmatic, que rompió así con un reinado de la española Indra, que durante dos décadas organizó el escrutinio provisorio.
Desde el ministerio aclararon que todas las observaciones “son bienvenidas y serán analizadas” y que todos los puntos serán respondidos.
El dirigente de Juntos por el Cambio puso la mira en cuatro ejes. El que más llamó la atención es el de la fiscalización. En la última elección, donde debutó el sistema de escaneo de los telegramas en las provincias, se había establecido también que hubiera disponible espacios de fiscalización a la carga de datos y la suba de los telegramas en las provincias. Eso no está detallado en el pliego tal cual está. “Se recomienda que se incorpore una previsión expresa obligando al proveedor del servicio a instalar los puestos necesarios en las salas de fiscales en las cabeceras de las provincias, junto con el equipamiento informático pertinente”, sostiene el informe.
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Además, también pone atención en la falta de precisiones respecto a los fiscales informáticos de los partidos y la posibilidad de que tengan las herramientas para hacer un seguimiento en tiempo real del escrutinio. Fue uno de los temas de debate durante el último proceso electoral, donde la oposición en ese momento puso mucho celo en poder controlar con fiscales informáticos el nuevo operativo.
En ese sentido, desde una de las empresas también se aprestaban a presentar una serie de sugerencias, entre las cuales destacan que sea específico el ítem sobre las auditorías. Quieren que esté claro todo lo que se va a auditar para que no vuelva a suceder que por denuncias mediáticas se empiezan a agregar más cosas que terminan entorpeciendo el proceso, argumentan.
Para las empresas un punto que será motivo de debate es el de la moneda de cotización. Históricamente fue en dólares, en 2019 Smartmatic ganó la licitación ofreciendo hacerlo por casi US$ 17 millones (casi la mitad de los US$ 33 millones que costaron las de 2015 realizadas por Indra). Ahora, al ser en pesos, se abre un abanico de interrogantes para las empresas, sobre todo al no saber cuánto presupuestar con tantos meses de anticipación.
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Otro punto que cuestiona Adrián Pérez en su informe presentado este viernes es la ausencia de metas. Relata que en 2019 se fijó que el 90% de las mesas debía estar escrutadas para las 22 (siempre y cuando estuviera el 90% de las actas recibidas antes de las 21). “Se sugiere mantener la meta ya dispuesta en los comicios del 2019; evitando con ello un retroceso en los estándares fijados en dicha elección”, afirma.
Además, también llama la atención por los “indicadores de rendimiento del proceso electoral”. El anteproyecto establece que “el tiempo máximo de procesamiento de un telegrama, desde que se recibe en los Centros de Datos Internos hasta que el mismo adopta un estado definitivo, será como máximo de 15 minutos para el 90% de los telegramas”. El planteo, en este caso, es que no hay “razones fundadas” para establecer un límite del 90%, siendo que el 10% es una cantidad “relevante”.
Por último, el ex secretario de Asuntos Políticos también consideró “insuficiente” que solo se haga un simulacro previo a cada elección, y recomienda que sean mínimo dos, como fue en 2019. Especialistas en el área, argumentan, de todas formas, que un simulacro sería aceptable siempre y cuando sea con el tiempo prudencial para corregir los errores que pudieran aparecer.
