Los Panama Papers permitieron recaudar US$ 1.200 millones en el mundo. A tres años de la filtración que expuso cómo los ricos y poderosos escondían sus riquezas en paraísos fiscales con la ayuda del estudio panameño Mossack Fonseca, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que las ganancias de los Estados a partir de las revelaciones han superado esa cifra, de acuerdo al recuento global de multas e impuestos atrasados resultantes de la exposición de la investigación.
Evadir impuestos, ocultar el patrimonio, lavar dinero de origen ilícito son algunos de los fines que posibilita el sistema de los paraísos fiscales, como reveló la investigación que lideró ICIJ con el diario alemán Süddeutsche Zeitung y que vio la luz el 3 de abril de 2016 y tuvo un segundo capítulo en junio de 2018, del que participó PERFIL. Las revelaciones de estos últimos tres años permitieron a los gobiernos de muchos países recuperar parte del dinero fugado a sociedades y cuentas offshore.
ICIJ informó que el Reino Unido, por ejemplo, ha recuperado más de U$$ 252 millones; Australia ha recaudado otros U$$ 92 millones; y Bélgica sumó U$$ 18 millones a sus arcas públicas. En Francia, las autoridades fiscales confirmaron el recupero de casi U$$ 136 millones y más de 500 inspecciones. La Agencia de Ingresos de Canadá, que también allanó dos propiedades la semana pasada, reveló que busca recuperar más de U$$ 11 millones en impuestos federales y multas en base a 116 auditorías.
En Islandia, la Dirección de Investigaciones Tributarias ha finalizado 24 investigaciones relacionadas con los Panamá Papers y estima que ha recuperado US$ 25,5 millones. Los islandeses salieron a las calles después de que se publicara la investigación y el entonces primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson renunció pocos días después de que se publicaron las primeras historias. En Panamá, el sismo también se sintió con fuerza. Generó cambios en su legislación y las autoridades han recuperado más de US$ 14 millones en los últimos tres años.
Las investigaciones continúan en numerosos países, incluyendo Austria (donde los reguladores están examinando si dos bancos importantes siguieron los procedimientos para prevenir el lavado de dinero), Alemania, Francia y Noruega. ICIJ, junto con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y más de otros 100 socios de medios, pasó más de un año examinando 11.5 millones de archivos filtrados para exponer las tenencias en el extranjero.
Los archivos, que fueron filtrados a Süddeutsche Zeitung, provinieron de una firma de abogados poco conocida pero poderosa con sede en Panamá, Mossack Fonseca, que tenía sucursales en Hong Kong, Miami, Zúrich y más de 35 lugares en todo el mundo. También hay al menos siete personas en la cárcel en Ecuador, un ministro, tres gerentes y algunos contratistas, en relación con el esquema de soborno de Petroecuador, informado por El Universo.
En Corea del Sur, un ex general del ejército y el ex ejecutivo de un importante fabricante de defensa fueron acusados de soborno por un caso multimillonario basado en los informes del socio local de ICIJ, Newstapa. En Paquistán, el ex primer ministro fue condenado.
En Argentina
En 2016, la principal revelación en Argentina involucró al presidente Mauricio Macri, su padre Franco y su hermano Mariano: figuraban como directores de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, incorporados a las Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009. El rol de Macri en esta compañía nunca había salido a la luz. Nunca había sido declarada en sus declaraciones juradas como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007 y 2008.
Fleg Trading fue utilizada por el holding Socma (Sociedades Macri) para mover US$ 9,3 millones e invertir en el negocio de Pago Fácil en Brasil, según declaró más tarde su padre, ahora fallecido. Las revelaciones originaron una investigación penal contra Macri por presunto lavado de dinero y supuesta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, pero tras una larga disputa familiar en un tribunal civil, Franco Macri se hizo cargo de los movimientos de la offshore y el juez del caso, Sebastián Casanello, se declaró incompetente.
En el mismo expediente se había incorporado otra prueba enviada por la fiscalía de Frankfurt, Alemania, sobre los vínculos de los hermanos del mandatario argentino con otra sociedad offshore secreta. Los empresarios Gianfranco y Mariano Macri figuraban como beneficiarios reales de BF Corporation SA, de acuerdo a la denuncia presentada en la Justicia argentina por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El magistrado envió el caso al fuero penal económico para que se indague sobre una supuesta maniobra de evasión, donde la investigación continúa abierta sin novedades.
El segundo capítulo de la filtración, a mediados de 2018, reveló que, luego de los Panama Papers, Gianfranco admitió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) haber sido el verdadero dueño de la offshore BF Corporation SA, titular de una cuenta secreta en Suiza. Fue a través de esta compañía que el empresario exteriorizó más US$ 4 millones en el blanqueo de capitales que habilitó el gobierno del propio Macri y como consecuencia de los Panama Papers y la denuncia de supuesto lavado.
En 2018, esta segunda filtración de documentos de Mossack Fonseca también demostró que la filtración de 2016 había obligado a unos 125 clientes argentinos del estudio panameño a sincerar bienes offshore por alrededor de US$ 104 millones, de acuerdo a la investigación del equipo argentino. Sin embargo, la AFIP no ha informado una cifra oficial sobre el recupero de dinero producto de Panama Papers.
En 2016, el empresario del juego Federico de Achával fue otro blanco de las revelaciones. Los documentos de Mossack Fonseca sostenían que Val de Loire, la enigmática sociedad offshore que durante años controló una tajada del Hipódromo de Palermo (Hapsa) sin que se supiera quién fue su verdadero dueño, tenía a De Achával como su beneficiario final.
El socio mayoritario de Hapsa, Federico de Achával, niega ser el controlante en las sombras de Val de Loire. Sin embargo, la Justicia todavía investiga al empresario, ya que los intermediarios uruguayos, el estudio Damiani, lo identificaron a De Achával como el verdadero dueño de la compañía en un documento que giraron a Panamá en agosto de 2014.
El juez Sebastián Casanello ordenó una nueva declaración testimonial en el caso. El magistrado busca interrogar por videoconferencia a la entonces directora de compliance del estudio Damiani, Sandra Morales. La ejecutiva fue quien firmó el documento en el que se identifica al empresario argentino como beneficiario final de Val de Loire. Las autoridades uruguayas aún no autorizaron la medida.
(*) Colaboradores de esta historia: Douglas Dalby, Amy Wilson-Chapman, Emilia Díaz Struck, Nina Selbo Torset, John Hansen, Minna Knus-Galán, Scilla Alecci, Johannes Kristjansson, Leo Sisti, Rita Vásquez, Mónica Almeida, Jan Strozyk, Ulla Kramar-Schmid, Martijn Roessingh, Kristof Clerix , Marco Oved, Jacob Borg, Juliette Garside, Anne Michel, Will Fitzgibbon, Vadim Makarenko, Alexenia Dimitrova, Emiliana Garcia, Andras Petho, Yongjin Kim, Frederic Zalac, Marcos Garcia Rey, Mathieu Tourlliere, Yasuomi Sawa, Colm Keena, Ritu Sarin y el equipo argentino conformado por La Nación, Infobae y Perfil.
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