"Tenemos una Inglaterra dentro de la Argentina", el duro rechazo en "QR!" al proyecto para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros

El tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la Ley de Tierras Rurales volvió a quedar en el centro del debate político. Luego de que el oficialismo no consiguiera los votos necesarios en el Senado y la discusión pasara a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, el tema fue analizado en el programa "QR!", de Canal E, donde referentes de distintas organizaciones cuestionaron con dureza la iniciativa y alertaron sobre sus posibles consecuencias para la soberanía nacional.

El conductor Pablo Caruso recibió en el estudio a Pablo Volkind, coordinador del Observatorio de Tierras; Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT); y Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Los tres coincidieron en que el proyecto oficial elimina herramientas de control sobre la propiedad de la tierra y favorece el ingreso de grandes capitales extranjeros.

"Tenemos una Inglaterra dentro de la Argentina", lanzó Volkind

Uno de los cuestionamientos más fuertes llegó de Volkind, quien sostuvo que el país ya registra un importante nivel de extranjerización de la tierra y rechazó que la legislación vigente represente un obstáculo para las inversiones.

"Hoy en nuestro país hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, que equivalen a la superficie de Inglaterra. Tenemos una Inglaterra dentro de la Argentina en manos privadas", afirmó.

Por falta de votos, el oficialismo postergó tres semanas el debate de la ley de propiedad privada

El especialista explicó que actualmente alrededor del 5% de la superficie rural está en manos extranjeras, mientras que la ley vigente permite llegar hasta el 15%, por lo que consideró "una falacia" el argumento de que la normativa actual impide la inversión. A su entender, el verdadero objetivo del proyecto es eliminar cualquier límite para la compra de tierras por parte de privados extranjeros.

Volkind también señaló que existen 36 departamentos del país que ya superan el tope previsto por la ley debido a adquisiciones realizadas antes de su entrada en vigencia. Según indicó, varios de esos territorios se encuentran en zonas estratégicas por la presencia de recursos naturales, reservas de agua, hidrocarburos o por tratarse de áreas fronterizas.

La advertencia sobre las zonas de frontera

Durante el debate, Nahuel Levaggi aseguró que la reforma forma parte de un "plan de negocios" más amplio y expresó su preocupación por la derogación de las restricciones que impiden la adquisición de tierras rurales en zonas fronterizas por parte de extranjeros.

Según explicó, esa modificación permitiría que propiedades privadas extranjeras queden ubicadas a ambos lados de una frontera internacional, lo que, a su juicio, dificultaría el control territorial y favorecería actividades ilegales como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas.

El dirigente de la UTT también cuestionó el argumento oficial de que la iniciativa busca atraer inversiones productivas. "No vienen productores. Esta ley no está pensada para quien quiere trabajar una o dos hectáreas, sino para grandes negocios que buscan apropiarse del territorio y de los recursos", sostuvo.

El capítulo sobre los desalojos

Otro de los puntos debatidos fue el referido a los procesos de desalojo. Gervasio Muñoz explicó que el proyecto incorpora modificaciones al Código Civil para acelerar los trámites judiciales y reducir los plazos de ejecución.

Según indicó, la iniciativa establece que la Justicia pueda ordenar un desalojo en 72 horas, en un contexto donde muchos inquilinos carecen de contratos formales o comprobantes de pago. También cuestionó que la propuesta habilite la realización de desalojos durante fines de semana y feriados, una posibilidad que hoy no existe.

Muñoz aclaró, sin embargo, que una de las modificaciones introducidas durante la discusión parlamentaria eliminó el apartado que afectaba a los barrios populares, luego de cuestionamientos de distintos sectores sociales y de la Iglesia.

El proyecto volverá a debatirse en agosto

En el cierre del programa, Volkind sostuvo que el texto que impulsa el Gobierno mantiene únicamente restricciones para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros, pero elimina los límites para empresas o personas privadas.

Además, vinculó esa decisión con la política exterior de la administración nacional y planteó que el objetivo sería restringir la presencia de capitales chinos mientras se favorece la llegada de inversiones estadounidenses. Mientras tanto, el oficialismo buscará negociar cambios con gobernadores y senadores para intentar reunir los votos necesarios cuando el proyecto vuelva al recinto el próximo 6 de agosto.

LB