Elisa Carrió cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno para reformar la Ley de Tierras y advirtió que la iniciativa implicaría “una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”. El mensaje de la líder de la Coalición Cívica - ARI aparece cuando el Senado se prepara para tratar la propuesta, en caso de que el Congreso avance con el proyecto denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La iniciativa oficial busca eliminar las restricciones nacionales que actualmente fija la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Entre otros cambios, propone que sean las provincias las que definan los límites para este tipo de operaciones.
Carrió difundió un documento titulado “La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, firmado también por 75 dirigentes, entre ellos referentes de la Coalición Cívica-ARI, exdiputados nacionales y exlegisladores porteños.
En el texto, los firmantes sostienen que la reforma pretende “quitar todo límite objetivo a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras” y cuestionan la eliminación de los topes actualmente vigentes.
La normativa vigente establece un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre tierras rurales a nivel nacional, un máximo del 30% para una misma nacionalidad y un tope individual equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo, entre otras restricciones.
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Críticas por las zonas de frontera
El documento también rechaza la eliminación de restricciones sobre inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera y la derogación del artículo 4° del Decreto-Ley 15.385/44, que condiciona la adquisición de esas tierras a la nacionalidad argentina nativa del comprador.
Carrió afirmó: “Una vez otorgadas esas autorizaciones, desaparecen las limitaciones objetivas previstas por la normativa vigente. De este modo, la excepción política queda sin topes, sin criterios materiales, sin restricciones territoriales y sin resguardos suficientes”.
Además, el documento sostiene que el esquema propuesto vulneraría el artículo 29 de la Constitución Nacional, al considerar que delega facultades extraordinarias sobre un recurso estratégico.
Los firmantes advirtieron que “quienes acompañen esta reforma estarán votando la entrega de una herramienta de disposición territorial sin límites sustantivos, en favor de gobernadores y del Poder Ejecutivo Nacional, frente a Estados extranjeros”.
Referencias a magnates tecnológicos y defensa de la regulación
Otro de los puntos planteados por la Coalición Cívica hace referencia a los vínculos del Gobierno con empresarios tecnológicos. El texto menciona al cofundador de Palantir, Peter Thiel, al señalar que “pretende desde hace años crear espacios de autonomía radical frente a la política democrática”.
El documento sostiene que la Argentina puede recibir inversiones sin resignar el control sobre su territorio. “La Argentina puede abrirse al mundo sin ponerse en remate; recibir inversiones sin entregar jurisdicción; incorporar tecnología sin renunciar a la ética”, señalaron los firmantes.
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Asimismo, remarcaron que “un país que pierde capacidad de decisión sobre su territorio incrementa su vulnerabilidad política, institucional y estratégica”.
Argumentan que la tierra rural “puede ser un activo económico, pero también es soporte de jurisdicción, seguridad, infraestructura y presencia estatal”, por lo que cualquier modificación a la Ley de Tierras debe equilibrar la promoción de inversiones con la preservación de recursos considerados estratégicos.
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El documento enumera regiones y recursos naturales que considera sensibles para la soberanía nacional, entre ellos la frontera norte, la cordillera, la Patagonia, los cursos de agua, las reservas de litio, la producción de alimentos y la proyección antártica.
El texto concluye que la reforma “configura una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial de la Nación” y sostiene que, en los términos del artículo 29 de la Constitución Nacional, esa decisión podría acarrear “nulidad insanable y responsabilidad para quienes la formulen, consientan o firmen”.
CS/ff
