Baja en la edad de imputabilidad: ¿alternativa real o ritual populista?

¿Qué estamos promoviendo cuando bajamos la edad de imputabilidad? Cada vez que un menor comete un delito grave el impacto mediático es inmediato. El horror es real, el dolor es incuestionable y la demanda de justicia totalmente legítima. Pero gobernar no debería consistir en rentabilizar el miedo, sino en interrogar si la medida modifica las condiciones que produjeron el hecho o si solo reorganiza simbólicamente la angustia colectiva.

El sistema penal actúa cuando el daño ya ocurrió: no interviene en la producción de la violencia, sino en su desenlace. Puede sancionar, ofrecer una forma de reparación simbólica,   transmitir autoridad, pero no puede reconstruir las condiciones sociales que incubaron ese hecho.

Los datos demuestran que la participación de menores de 16 años en delitos graves es proporcionalmente baja respecto del total de hechos violentos en Argentina. El fenómeno existe y duele, pero no explica estructuralmente la inseguridad. Sin embargo ocupa el centro del debate público con una intensidad desmedida.

¿Por qué? Porque el adolescente que delinque concentra ansiedades colectivas: juventud precarizada, barrios empobrecidos, trayectorias escolares interrumpidas, masculinidades atravesadas por la violencia diaria. Es una figura que permite encarnar el miedo en un cuerpo concreto, y frente a ese cuerpo, el endurecimiento de la ley ofrece sensación de control.

La baja de la edad de imputabilidad tiene rasgos claros de populismo punitivo. Se apoya en una demanda social legítima de seguridad y la traduce en una medida de alto impacto simbólico, aunque su eficacia estructural sea nula.  

El riesgo mayor está en convertir un problema complejo en una ley electoralmente rentable. Desplazar la pregunta sobre desigualdad, abandono institucional y ausencia de políticas de cuidado hacia una discusión exclusiva sobre castigo.

¿Qué falla cuando un chico de 14 años roba o mata?

No es la suma de errores individuales, es un entramado social que dejó de sostener. Una escuela que expulsa en lugar de integrar. Un sistema de salud que llega tarde. Un mercado laboral que margina. Políticas de cuidado inexistentes. Cuando esas mediaciones se debilitan, las infancias quedan solas frente a la intemperie, y cuando el lazo social se erosiona, la violencia deja de ser una anomalía para volverse síntoma.

Un menor que delinque no es solo un individuo que eligió mal, es el emergente de una cadena de omisiones. Reducirlo a la responsabilidad individual puede resultar tranquilizador, pero impide comprender la dimensión estructural del fenómeno.

La evidencia comparada muestra que los sistemas juveniles centrados en el encierro sin dispositivos educativos y terapéuticos sólidos tienden a registrar mayores niveles de reincidencia. El castigo sin transformación consolida trayectorias de exclusión y en contextos institucionales débiles, ampliar el alcance penal significa incorporar menores  cada vez más jóvenes a circuitos que empeoran su situación.

Bajar la edad en un escenario donde las instituciones preventivas no funcionan no fortalece la seguridad, amplía la capacidad de castigo. La medida puede servir para transmitir tranquilidad a la ciudadanía asustada, permitiendo a la dirigencia ubicarse del lado de la firmeza. Pero gobernar no debería ser solo canalizar el miedo, sino intervenir sobre sus causas de manera efectiva para revertirlas.

Si no hay inversión sostenida en primera infancia, si no se fortalecen dispositivos territoriales, si no se abordan integralmente los consumos y la salud mental, la violencia seguirá emergiendo. El sistema penal seguirá recibiendo lo que otras instituciones dejaron caer.

La baja de la edad puede interpretarse como un gesto político eficaz. Yo lo leo como una forma de renuncia al sostenimiento de políticas de largo plazo que, por supuesto, no son las que rinden frutos inmediatos ni ganan elecciones. Una renuncia a asumir que la violencia no nace en el momento del delito sino en una secuencia prolongada de exclusiones.

La pregunta que deberían hacerse nuestros representantes es si queremos reducir la violencia o producir una escena de castigo que nos haga sentir momentáneamente protegidos.

Tratar la infancia violenta como si fuera el origen del problema es cómodo. Interrogar las estructuras que la producen, no. Sin esa incomodidad, cualquier reforma será apenas un ritual. Y los rituales, aunque calmen, no necesariamente modifican las condiciones materiales que producen la crisis.

(*) Antropóloga. Fundó Panóptico Cultural y conduce el podcast Norma(l)mente.