Burford insiste en EE.UU. y prepara otra ofensiva contra la Argentina en el Ciadi

Burford va por todo. Y extenderá el juicio por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012 hasta las últimas consecuencias. Aun con la cancha inclinada y en contra, buscará una alternativa más ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde el país ganó 2 a 1 la causa y dio vuelta el fallo negativo de primera instancia en el juzgado de Loretta Preska. Se trata de un recurso técnico llamado “en banc”, basado en el reclamo de que se revea el fallo contrario al fondo demandante, y donde deberían opinar todos los jueces de apelación. Y si esta alternativa fracasa, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero, como se prevé que no tendría buena suerte judicial, Burford irá a otro ámbito: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde cree que su fortuna cambiará. Así, la decisión del fondo demandante es concreta. Ha invertido la suficiente cantidad de dinero en la causa como para seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Y con un punto a favor: en definitiva, es un estudio de abogados, con lo que litigar sale más barato que para el frente atacado. En este caso, Argentina.

Burford ya avisó a la Cámara de Apelaciones de Nueva York y estos al estudio Sullivan & Cromwell (S&C), que representa al país, que continuará la causa en ese nivel y que pedirá el “en banc”. Esto es, una revisión sumaria del fallo perdido por dos votos a favor y uno en contra. Es un derecho de los perdidos que solo se habilita ante casos de gran importancia legal y es decisión de la Justicia habilitarlo o no según la gravedad del caso. Si así sucediera, deberían reunirse los 13 magistrados que forman la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para revisar el fallo; una alternativa, según la jurisprudencia, difícil para este tipo de situaciones donde lo que se juzga es una posición económico-financiera. Este requerimiento puede ser tomado o rechazado por la segunda instancia desde el 8 de mayo, y en algún momento posterior la decisión será comunicada. Si el resultado es positivo para Burford y su reclamo, habrá una audiencia de los 13 miembros y luego una decisión de sostener o no el fallo anterior de los jueces de la Cámara que le dieron (por 2 a 1) la razón a la Argentina. En el caso de que se rechace el pedido de “en banc”, el fondo demandante podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que podría tomar o no el caso. En la primera situación, luego emitirá un fallo definitivo que las partes deberían respetar. Si la Corte rechaza el reclamo, la decisión que quedará firme será la de la Cámara de Apelaciones ya dictada y que respeta, en minoría, la posición argentina. Las posibilidades juegan a favor del país. Las probabilidades de abrir un “en banc” son remotas y más aún que la Corte conciba a este caso como uno de los 80 que toma en consideración por año, de un total de casi 80 mil que llegan a esa instancia.

En paralelo, Burford tomó la decisión de ir al Ciadi, tribunal que se sumaría a la historia por la renacionalización de YPF; y adonde amenazó recurrir Repsol cuando se avanzó sobre el 51% de sus acciones en 2012. Finalmente hubo acuerdo entre los españoles y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, previo pago de unos US$ 6 mil millones, la petrolera europea dio por cerrado el asunto. El argumento de Burford para reclamar ante el tribunal del Banco Mundial sería la violación del contrato luego de la renacionalización de YPF, alterando la letra firmada por el país durante el gobierno de Carlos Menem en tratados bilaterales de protección de inversiones entre Argentina y España y entre Argentina y los Estados Unidos. Sabiendo que esto era una posibilidad, los abogados argentinos avanzaron en los primeros lineamientos de la defensa del país. La argumentación fundamental es que Burford ya eligió litigar en otro ámbito, al llevar la causa a los tribunales de los Estados Unidos; con lo que la alternativa de un segundo ámbito jurídico debería quedar descartada. La segunda argumentación es que la nacionalización sobre capitales españoles (Repsol) ya fue saldada; y, en todo caso, los litigantes representan a las acciones del Grupo Petersen, que tienen orígenes argentinos. Este punto es cuestionable, ya que Petersen Energía y Petersen Inversora están radicadas en Madrid, desde donde Burford fue a comprar este caso vía licitación.

Así, la historia de YPF y Burford continuará durante todo este año y probablemente en 2027; pero ahora con perspectivas favorables para el país, al menos en los tribunales norteamericanos. Ante el Ciadi, la historia es diferente.

Burford igualmente ya ganó algunos millones de dólares en tres momentos diferentes y claves del juicio, cuando todo parecía favorable para su demanda. Fue en 2016, cuando vendió a fondos de inversión el 1% del éxito final de la demanda por unos US$ 4 millones. Otra en 2017, cuando realizó otra venta parcial por unos US$ 40 millones, y otra en 2024, cuando colocó un total del 35% de las acciones. En total consiguió en estas subastas unos US$ 236 millones; mientras que hasta el momento había pagado solo US$ 15 millones por la compra de los derechos de la causa al síndico del Tribunal 3 de Madrid, donde se tramitaba el concurso de Petersen Inversora y Petersen Energía; las empresas que se presentaron en concurso por no poder pagar las cuotas luego de la prohibición del kirchnerismo de distribuir dividendos. La diferencia entre el pago al tribunal español y la venta de estas acciones indica una ganancia de aproximadamente US$ 221 millones; un monto nada despreciable. Obviamente, migajas en comparación con los US$ 20 mil millones que podría haber conseguido si no se interponía la Cámara de Apelaciones. Pero, en términos canyengues, salvaron la ropa. El problema es para los inversores del caso que compraron esas acciones, que ahora deberán llevar esos dólares directamente a pérdida. Puede suceder. Así es el mercado. Y el de altísima volatilidad, casi buitre, aún más.

La causa de fondo se basaba en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. Burford era hasta aquí un especialista mundial en este tipo de batallas. El tipo de maniobra en que se especializa es ofrecer dinero al contado a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Se trata de un gigante financiero con espaldas amplias, que luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio de 2013, con lo que pudo esperar una definición de casi 13 años. El problema ahora es que la espera podría extenderse muchos años hasta que defina la Corte Suprema, pero con bajísimas (casi nulas) probabilidades de éxito. Y con un gasoducto de dólares de pérdida imposible de presentar ante el NYSE, donde cotiza la acción de Burford con caídas de hasta 60% desde que perdió la causa en la segunda instancia de Nueva York a comienzos de abril.

El reclamo original del fondo es por los supuestos daños que habría generado al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU –sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen desde su concurso y posterior quiebra en 2012 en los tribunales españoles–, el derecho de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.

Para muchos, la necesidad de una reestatización de la petrolera era evidente. Repsol estaba haciendo un desastre, invirtiendo más en Libia que en Argentina. Se razona además que, ante la aparición de Vaca Muerta, el proyecto de desarrollo de ese yacimiento debía tener como principal operador a una empresa argentina, en lo posible estatal.

En la decisión de reestatización de 2012 se resolvió pagar unos US$ 6 mil millones a Repsol, pero no aplicar la OPA. Con esa decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se decidió además dejar de distribuir dividendos a los accionistas. El Grupo Petersen había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se presentó en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen dejó de tener relación con esta causa y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso. El síndico de la causa radicada en Madrid vendió el caso –algo habitual– el 4 de mayo de 2015. Lo adquirió por licitación Burford en US$ 15 millones. Lo hizo a través de Prospect Capital (una subsidiaria semisecreta, para que no se supiera que Burford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en US$ 70 millones.