El Gobierno envió el miércoles al Congreso el proyecto de reforma electoral. Son 79 artículos que incluyen la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de la política y la aplicación de Ficha Limpia, entre muchos otros temas.
Las PASO tienen una historia. Nacieron como una respuesta a la crítica por la poca participación de la ciudadanía en la elección de los candidatos. A partir de su puesta en marcha, la intervención del electorado en la conformación de las listas constituyó un avance en la profundización de la democracia. Puede que haya habido problemas de implementación, pero la eliminación de las PASO no va a mejorar el funcionamiento de la democracia, sino que lo va a empeorar. El proyecto está en línea con la búsqueda del Gobierno de reducir la política.
La iniciativa enviada al Senado también tiene entre sus principales puntos el tema del financiamiento de la política. Mi posición es conocida: creo que habría que avanzar hacia una total financiación pública prohibiendo cualquier otra modalidad alternativa. Cuando no hay financiamiento público hay financiamiento privado y, por lo tanto, en la mayoría de los casos, pedidos de privilegios de estos financistas a los financiados. Históricamente, que los legisladores tengan salario permite que las personas que hacen política no sean solo las más ricas, que no necesitan ser remuneradas. Es decir: “hacer más barata” la política dejando su financiación en manos privadas es discriminatorio hacia quienes no tienen recursos y beneficioso para aquellos sectores vinculados a los grandes grupos económicos.
El proyecto del oficialismo también contiene Ficha Limpia, que impide las candidaturas de aquellos dirigentes que tienen una condena en segunda instancia. La pregunta es: qué Justicia es la que establece la culpabilidad de quienes quedan inhabilitados. En ese sentido, hay un tema de fondo: el principio de inocencia. No debe suceder, como muchas veces sucede, que se produzca la inversión de la prueba: cuando el acusado debe probar su inocencia en lugar de que la Justicia pruebe su culpabilidad. Por eso, un principio central del derecho penal es in dubio pro reo, frase en latín que significa que en caso de duda se debe fallar en favor del acusado. Si no se logra probar la culpabilidad, se es inocente. De allí que la Justicia establece instancias y, en ellas, alguien es culpable cuando se agotaron todos esos pasos para su defensa. En paralelo, hay datos concretos que muestran el mal funcionamiento de parte de la Justicia. Un ejemplo claro es la causa “cuadernos”, en la que se intenta culpabilizar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: esta semana tres empresarios declararon que fueron presionados para que afirmaran que entregaron coimas a funcionarios del gobierno de entonces para evitar ir presos. Solo con este dato, esa causa debería ser invalidada. También habría que revisar las conductas del fiscal y del juez que intervino.
En otro orden de cosas, el domingo 19 en el diario La Nación se publicó un editorial cuyo título fue: “Preservar el programa, proteger a Milei”. Allí se sostiene que “resulta fundamental preservar el plan en curso, fuere quien fuere el gobernante, como política de Estado” y que “los libertarios deben cuidar al presidente Javier Milei dejando de lado sus intereses y sus internas facciosas, pues no está solo en juego su legitimidad, sino la viabilidad del país”.
Posteriormente, se conocieron detalles de una reunión (realizada a principios de abril) entre Mauricio Macri y Paolo Rocca en la que este último le pidió al expresidente que el PRO cumpla una función activa en las elecciones de 2027. Es decir: Rocca no deja de apoyar el rumbo actual, pero demanda una mayor “racionalidad”. Por ejemplo, antes que destruir el Estado, como propone Milei, subordinarlo a sus intereses como grupos concentrados de la economía. Además, tratar de no generar una conflictividad social que haga inviable el proyecto.
Tanto La Nación como Rocca hablan de lo mismo: la necesidad de preservar el modelo. Para ellos, en 2027 la continuidad del programa neoliberal no debería ser puesta en riesgo.
*Presidente del Partido Solidario.
