¡Hay que acabar con que sigan matando a mujeres y niñas!

Los femicidios siguen registrándose con una alta frecuencia en el país. En la última semana, en cinco días ocho mujeres fueron asesinadas por ser mujeres, según el observatorio “Adriana Maricel Zambrano” de la Casa del Encuentro. En las últimas semanas las noticias de muertes de mujeres con mucha crueldad y brutalidad  sacudieron a toda la sociedad. Al triple femicidio de las jóvenes en La Matanza se sumaron las dos mujeres, Mariel y Luna: madre e hija, asesinadas en Córdoba. Estos femicidios evidencian la falta de políticas públicas y la ausencia del Estado, especialmente del gobierno nacional. Esta realidad se impone, a pesar de los dichos de la ministra de Seguridad quien dice que disminuyeron, parece que está viviendo en otro país. Un considerable número de mujeres adolescentes y jóvenes están en situación de pobreza, lo que las hace muy vulnerables. No tienen salidas laborales, no encuentran motivos suficientes para continuar estudiando y están expuestas a múltiples formas de violencia, empezando por la que implica el abandono del gobierno nacional que cerró o limitó a su mínima expresión todos los programas no solo de prevención, sino de atención y acompañamiento, librando esta responsabilidad y sus funciones a los gobiernos provinciales y locales, que a las diferencias propias existentes y a la precariedad que tienen en algunos casos, ahora se suman las dificultades económicas por las restricciones de los aportes nacionales y coparticipables cercenados. Todo esto afecta y alimenta la violencia contra mujeres y niñas en toda su diversidad.

Según la información de los dos observatorios de organizaciones de mujeres que existen en el país, ambos dan cuenta de la persistencia de la elevada frecuencia de casos de violencia y de muertes en mujeres, niñas y adolescentes, así como en mujeres trans. En lo que va de este año al 30 de septiembre se registraron según el observatorio “Ahora que, sí nos ven”, 178 femicidios, o sea uno cada 36 horas. Señalan que se observa una mayor frecuencia de los asociados a la narcocriminalidad, algo muy preocupante y que en algunas provincias o áreas geográficas es mayor. Por su parte el observatorio “Adriana Maricel Zambrano” de la Casa del Encuentro, registró en este período 181 casos de violencia de género, con 167 femicidios, un lesbicidio y un transfemicidio. Este observatorio también refiere que desde el 2022 denuncian la existencia de femicidios en contexto de narcocriminalidad, por eso los incluyeron como una categoría especial. Frente a esto, cabe ampliar la responsabilidad del Estado porque también con relación al narcotráfico la falta de políticas públicas claras y coordinadas entre el nivel nacional y el provincial, excepto excepciones, es la norma desde hace años, pero aumentada en los últimos dos. Tanto las políticas públicas para la violencia de género como el narcotráfico requieren políticas conjuntas del gobierno nacional y los provinciales y municipales. En este contexto de enfrentamiento entre el gobierno nacional y los provinciales, sumado a lo antes referido sobre la distribución de fondos y el traspaso de la responsabilidad de la salud, la educación y las políticas sociales, incluida la violencia de género, a los gobiernos provinciales por parte del gobierno nacional, no podemos esperar más que el agravamiento de la situación. A esto se suman los mensajes de odio que desde el Gobierno y otros grupos se multiplican y que constituyen otro aporte al crecimiento de las violencias de género. 

La existencia y el aumento de los femicidios, asociados a la narcocriminaldad, algo que puso en evidencia sin lugar a duda el triple asesinato de las jóvenes en La Matanza exige incluir la perspectiva de género en las políticas públicas relativas al narcotráfico. Surge entonces la urgencia de acelerar la implementación de la ley Micaela y no solo para quienes están directamente vinculados a esa atención, como dijeron en un principio los responsables en el Ministerio de Justicia, sino para todos y muy especialmente, a las fuerzas de seguridad y policiales, así como la Justicia. Ni el gobierno nacional ni los provinciales pueden seguir ignorando esta urgencia y deben implementar esto no solo como un complemento, sino como un conocimiento clave para ser efectivos en sus intervenciones. Estas son urgencias que reclama toda la sociedad argentina, no solo las mujeres y menos aún solo las feministas, como dice el gobierno nacional. En 2015 el grito de #NiUnaMenos fue masivo: el gobierno nacional y los provinciales tuvieron que actuar. Pero esto no fue suficiente y desde diciembre del 2023 el nuevo gobierno, no solo no lo oye, sino que lo niega. Dicen que la discriminación y la desigualdad de género no existe. Muchos gobiernos provinciales se unieron abierta o solapadamente a esto. ¡Ahora los cadáveres mancillados de Lara, Brenda y Morena se los gritan! Los familiares y vecinos se lo reiteran, ¿podrán ignorarlos en época de campaña electoral? Es responsabilidad de toda la sociedad no permitirlo.