Lo que no se pudo gritar se pudo vender

En el indescriptible universo del presidente Milei no hay límite para los disparates. El miércoles a la noche, hora argentina, cuando ya no había FIFA ni FBI ni ministerio que pudiera impedirlo, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi desplegaron sobre el césped de la cancha de Atlanta una bandera que gritaba: “Las Malvinas son argentinas”. Messi y el resto de los muchachos que acababan de imponerse a la selección inglesa en un partido épico se sumaron a desplegar esa sábana de letras grandes y desprolijas para que la viera todo el mundo.

Horas antes, ese mismo día, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, no tuvo empacho en embestir con la brutalidad acostumbrada de gendarmes y policías contra un grupo inerme de viejos jubilados que protestaban como todos los miércoles, casi en soledad, en un Congreso que no los representa.

Las Malvinas son argentinas. Sí. Esa misma frase fue prohibida dentro del estadio por acuerdo expreso del gobierno argentino. La ministra de Seguridad lo había dicho sin vueltas en su muy precario lenguaje: era “contenido político” y quedaba prohibido hasta lucir “el mapita” de las islas. El folklore de “el que no salta es un inglés” y el cantito que mezcla a Malvinas, la evocación a Maradona y la mano de Dios y a “la última de Leo” no le pidieron permiso. Ahí, en esa distancia entre lo que el Estado prohibió y lo que el pueblo (con perdón de la palabra) igual hizo, está la escena que mejor resume el problema de representación política y ciudadana que mortifica a la Argentina.

La hipótesis es que un pueblo se une, de verdad, cuando siente que alguien lo representa mayoritariamente. De la Revolución de Mayo en adelante. Pasó con Yrigoyen, con Perón, con Alfonsín y con los Kirchner, cada uno en su medida. El voto refrendó un proyecto que representó a la mayoría de los argentinos. ¿Cuántos de los votantes de Milei se habrán sentido ofendidos con la prohibición de reivindicar el reclamo por Malvinas? Es posible que muchos, como muchos también se arrepienten hoy de haberlo votado. Pero, claro, al núcleo duro mileísta tal vez le dé lo mismo.

Lo que pasó esta semana mostró lo que ocurre cuando un gobierno no logra sintonizar. El de Javier Milei llegó al partido contra Inglaterra con una consigna de fondo: desmalvinizar. El silencio oficial ante el paso de un buque británico por aguas en disputa, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, relativizando el hundimiento del Belgrano (dijo acto y no crimen de guerra), y ahora la decisión de vetar el reclamo de soberanía en la previa de la semifinal más cargada de historia. No fue un sapo que el Gobierno debió tragarse: Monteoliva lo aclaró: fue un acuerdo pactado por la propia Casa Rosada con la FIFA y el FBI.

El problema no es solo político, es de representación. ¿A quién representa un gobierno que, en el momento de mayor fervor nacionalista de la sociedad que dice conducir, elige pararse del lado británico? Milei nunca escondió su admiración por Margaret Thatcher, y nuevo su vocero Adrián Ravier, astilla de la madera de Adorni (otra vez, perdón por la palabra), evitó confirmar, cuando se lo consultaron, si todavía el Presidente guarda un retrato de la Dama de Hierro en su escritorio. Ahí no hay ambigüedad: hay una elección de identidad. Y conviene no leer esa elección como un exabrupto aislado. Es la misma Monteoliva la que esconde el reclamo por Malvinas y la que castiga a los jubilados. La coherencia puede ser molesta, pero es coherencia: hay un límite claro para lo que este gobierno tolera que el cuerpo social exprese en la calle o en la cancha, y ese límite no pasa por la sensibilidad diplomática con Londres, sino por cualquier reclamo que lo interpele desde abajo, sea un veterano de guerra o un jubilado con la mínima. De todos modos, quizá midiendo el fervor mundialista de los argentinos del Obelisco, Milei recogió el barrilete y soltó el jueves mismo en una radio amiga que bueno, que los pibes están cargados de euforia y que, en el peor de los casos, la Selección deberá pagar una multa de 30 mil dólares por haber desoído la consigna oficial.

Lo curioso es que el propio gobierno no es un bloque homogéneo en su falta de representación. La vicepresidenta Victoria Villarruel salió a calificar a los británicos de “piratas usurpadores” en una publicación que le valió un reclamo formal del Foreign Office, marcando otra vez una diferencia pública y deliberada con Milei. Es la prueba de que, dentro del propio oficialismo, hay quien intuye que ese vacío de representación es un lugar vacante. 

Mientras esa tensión por el significante se libraba en el Obelisco, en otro despacho se manoseaba la palabra soberanía. Con el país mirando la semifinal, el ministro Luis Caputo anunció un acuerdo para desarrollar un reactor modular en Atucha junto a Meitner Energy, una empresa constituida en 2024 en Delaware, un paraíso offshore. La inversión anunciada es de US$ 1.200 millones y combina tecnología desarrollada durante décadas por el Estado argentino con capitales estadounidenses. El timing no es un detalle de color: es la misma lógica que rigió la bandera prohibida aplicada a otro patrimonio nacional. El Carem, el primer reactor modular diseñado íntegramente en el país, sigue paralizado, con el personal reducido a preservar equipos ante la falta de presupuesto (motosierra) y más de 500 despidos acumulados. No hace falta forzar la metáfora: hay una soberanía que se defiende con relatos y cánticos cuando conviene y otra que se desarma en silencio.

Ernesto Laclau sostenía que la política argentina funciona “por sustracción”: representa a una parte negando a la otra como condición de existencia. Lo de esta semana muestra el límite de esa lógica cuando se topa con un significante transversal como Malvinas. O el Carem.

Cuando se hace ese vacío, lo llenan los jugadores con una bandera en el vestuario, la gente en la 9 de Julio, los veteranos con una palabra que duele (cipayos) y los jubilados que vuelven cada miércoles.