Se destruye la Justicia, se acaba la transparencia

El gobierno en estos casi 30 meses de gobierno ha conseguido destruir mucho más de lo que construyó. Los logros macroeconómicos son su principal capital, pero frente a lo destruido se relativizan, especialmente porque esos logros económicos no impactan aún en la vida de la gente.  En cambio, lo que se destruye, como por ejemplo la salud y la educación que se registran rápidamente en la vida cotidiana de las personas. 

   Dentro de los cambios drásticos que el gobierno de Milei ejecutó en el área de la administración de justicia, el reciente decreto que firmó junto con su ministro de justicia cambió sustancialmente el mecanismo de elección de jueces, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como del resto de los jueces. La eliminación del escrutinio público que implica la publicación de los antecedentes y la posibilidad que distintos sectores de la ciudadanía opinen sobre ellos es un elemento clave para mejorar la transparencia de esta elección, independiente de los resultados. A esto se suma la eliminación de que el ejecutivo considere las variables de género, especialidad y procedencia, como considerandos para asegurar una representación más diversa y que exprese mejor la representación nacional. 

   Frente a esto ahora el principal y único aspecto será la valoración exclusiva y sin control de quienes deben rendir cuentas. Esta nueva modalidad es de aplicación inmediata, por lo tanto, se aplicará para la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto indica la gravedad del cambio ya que ahora se elimina toda posibilidad de opinión sobre los candidatos por parte de las organizaciones de la llamada “sociedad civil”, que es mucho más que las organizaciones de distinto tipo de interés; abarca a la Academia, a los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales, a las organizaciones protectora de diferentes grupos de población, y de otro tipo, en fin de una gran diversidad. 

   De esta forma, la oscuridad en la decisión es muy amplia y es muy grave ya que la independencia de la justicia es un aspecto clave para la transparencia. Si en nuestro país el acceso a la Justicia es muy pobre, especialmente para las mujeres y niñas como lo señalamos en el informe de las organizaciones de mujeres y feministas para la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW según sus siglas en inglés), que evaluó este marzo ese aspecto, por el sesgo y falta de perspectiva de género de los jueces que determina la impunidad.  Como lo pudimos comprobar recientemente con el femicidio de Agostina, la niña cordobesa asesinada por un convicto liberado por la Justicia ante un hecho similar, pero que fue ignorado o subvalorado por la Justicia. El gran problema es la impunidad en todos los casos. 

A esto se suman las distintas medidas que se acumulan desde diciembre del 2023 que afectan la capacidad de conocimiento público y por tanto de control ciudadano que es necesario para asegurar la transparencia. 

En este sentido, el mayor ataque es la modificación de la modalidad del acceso a la información pública que se ha restringido a límites que la vuelven prácticamente imposible de lograr. Esto impide conocer y por lo tanto transparentar las acciones del gobierno en todos sus niveles, así como en el legislativo y el de justicia. El acceso a la información pública es un arma fundamental para periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Su modificación permite a los que se les solicita evitar responder y justificar esa conducta, ya que se permite decir son datos afectan la seguridad. Esto ha impedido conocer exactamente el destino de fondos que el gobierno ha cambiado su asignación presupuestaria original, sin tener que justificar sus decisiones ni blanquear los fundamentos de esas decisiones.  A esto se agrega la capacidad del sistema de investigación de permitirle controlar a la ciudadanía restringiendo su actividad y sin ninguna posibilidad de conocer esto, que afecta a muchos y permite que el Estado los persiga. La insistente desvalorización y ofensa de los periodistas por parte del gobierno y especialmente del presidente, genera una autolimitación muy grave que afecta por acción y/ u omisión la libertad de prensa, además de la efectiva limitación ejercida individual o en forma societaria a través del medio en que se desempeñan. 

Recientemente el informe de “Percepción de la corrupción“ que elabora Transparencia Internacional evaluó 182 países en una escala del 0 a 100, siendo 100 el que menor percepción de corrupción tiene. De la región los mejor considerados fueron Uruguay y Chile, nuestro país disminuyó y quedó lejos de estos dos.  

Los cambios en la administración de Justicia, junto a la designación de un considerable número de jueces que estaban pendientes, permiten al gobierno asegurar la impunidad en casos de corrupción, como el caso Libra y otros que incluyen  integrantes del gobierno actual, entre ellos Adorni, y también evitar avanzar con la investigación de la AFA. Esto es una herencia que el gobierno Milei con su actual ministro de Justicia deja y que garantiza la continuidad de la impunidad por muchos años. ¡¡Lamentable!!