La crisis del Córdoba Obras y Servicios (COyS) sumó un capítulo de alto voltaje político con las acusaciones de su presidente, Santiago Pinsiroli, contra el intendente Daniel Passerini. El funcionario aseguró que el jefe municipal le pidió que autorizara el pago de horas extras de octubre que habían sido cuestionadas por una auditoría interna y denunciadas ante la Justicia. Pinsiroli afirmó que se negó a firmar las liquidaciones porque consideraba que no tenían respaldo legal. “No puedo firmar algo que va fuera de la ley y que va en contra de lo que yo denuncié”, sostuvo en Cadena 3.

El funcionario contó que el conflicto se profundizó después de esa negativa y que quedó expuesto a presiones del Surrbac, el sindicato de los trabajadores de recolección y barrido. También aseguró que no recibió respaldo del Ejecutivo municipal y que, tras las amenazas que denunció, cuenta con custodia policial. Aunque aclaró que Passerini no le pidió formalmente la renuncia, reconoció que la relación quedó tensionada y que llegó a plantearle al intendente que podía designar a otra persona al frente del organismo.

Una auditoría bajo sospecha

El origen de la disputa está en una revisión interna que comenzó por pedido del área de Economía municipal para reducir los costos del COyS. Según Pinsiroli, el 92% del presupuesto del organismo se destina al pago de personal, que alcanza a unos 1.600 trabajadores. Durante la auditoría detectaron diferencias entre las horas extras justificadas y las que se pretendían liquidar.

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El funcionario aseguró que, con un nuevo sistema de control implementado desde octubre, el organismo reconoció unas 500 horas extras justificadas frente a 4.500 reclamadas. El monto cuestionado ascendería a $155 millones. También afirmó que encontraron casos de empleados con hasta 250 horas extras en un mes, cuando el régimen contempla un máximo de 30 mensuales y 200 anuales.

Una parte de la controversia quedó vinculada con el operativo de limpieza durante la visita del papa León XIV a Córdoba. Pinsiroli sostuvo que esas tareas estuvieron correctamente organizadas y documentadas, pero denunció que después se habría intentado utilizar el operativo para justificar otras liquidaciones. También afirmó que hubo presiones sindicales y advertencias sobre posibles interrupciones de los servicios urbanos si no se autorizaban los pagos.

El poder del Surrbac y la investigación judicial

Pinsiroli denunció que la influencia del sindicato dentro del COyS excedería la discusión por las horas extras y alcanzaría decisiones sobre ingresos, desvinculaciones y remuneraciones. Además, cuestionó los mecanismos de control de asistencia y aseguró que la información de los relojes móviles podía demorar semanas en llegar. “El sindicato tiene poder de fuego y ese poder viene de hace años. Hay complicidad también con gente que está en el Ejecutivo”, afirmó.

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También describió dificultades financieras en el organismo y cuestionó que se adelanten fondos destinados a aportes sindicales mientras existen obligaciones pendientes con proveedores y organismos recaudadores. “El COyS es una bomba que no llega a pagar los sueldos. Está en descubierto todo el tiempo”, advirtió.

Las declaraciones se conocieron después de los 14 allanamientos ordenados por el fiscal Anticorrupción Matías Bornancini. Los procedimientos alcanzaron dependencias del COyS, sedes del Surrbac y ocho domicilios de gerentes vinculados al sindicato. La causa, que pasó de la fiscalía de Delitos Complejos al Fuero Anticorrupción, busca determinar si existieron pagos indebidos y qué responsabilidades les corresponden a funcionarios y dirigentes gremiales.

La respuesta de la Municipalidad

Las acusaciones de Pinsiroli encontraron una respuesta del Ejecutivo municipal a través del secretario de Ambiente y Economía Circular, Gabriel Martín, quien confirmó que Passerini decidió que la Municipalidad se constituya como querellante particular en la causa penal. La decisión busca que el municipio intervenga formalmente en la investigación y colabore con el esclarecimiento de los hechos denunciados por el propio titular del Coys.

“A raíz de una denuncia realizada por el presidente del Coys, Santiago Pinsiroli, es decisión del intendente Daniel Passerini constituirnos como querellantes particulares en la causa penal para colaborar con la investigación. Nuestro principal y único objetivo es que se aclare la realidad de lo sucedido y que se determinen las responsabilidades que correspondan”, expresó Martín.