Fiscales pidieron procesar a dueños de clínicas, un abogado y una empleada por “explotación reproductiva”

Avanza el primer expediente abierto en Argentina sobre presunta trata de mujeres vulnerables por subrogar sus vientres a parejas que no pueden concebir.  Los fiscales Enrique Senestrari, Carlos Gonella y la titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, firmaron el 26 de febrero último el requerimiento de procesamiento de cuatro personas. Ellos son: el propietario de la Clínica Fecundart, José Pérez Alzaa; el dueño de la clínica Nascentis, César Sánchez Sarmiento; la administrativa Paula Liendo, cuñada del primero de los médicos mencionados, y el abogado Nicolás Gigena.

Pérez Alzaa y Sánchez Sarmiento son médicos especialistas en reproducción asistida de larga trayectoria, reconocidos en la materia. La causa judicial no ataca sus condiciones profesionales, sino el presunto montaje de un negocio en torno a la subrogación de vientres, práctica sin regulación en Argentina.

Les atribuyen el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre (art. 145 bis del Código Penal) al verificar “la existencia de un negocio ilícito dedicado a captar personas con capacidad gestacional con fines de explotación reproductiva, a través de lo que se denomina gestación por sustitución”. Añaden que la práctica podría incurrir en la comercialización de los niños/as que nacen a través de esa práctica, obteniendo de ese modo “importantes ganancias”. 

En el caso del abogado Gigena, además, solicitan el procesamiento por presunta falsedad ideológica, por las falacias y mentiras en que habría incluido en los acuerdos entre gestantes y padres procreacionales simulando amistad y filantropía. Esos acuerdos los llevó a la Justicia de Familia. En algunos casos fueron homologados y en otros no.

Luego de que se abrió esta investigación en Córdoba, hace dos años, se conoció en Buenos Aires la existencia de organizaciones internacionales que promovían “turismo reproductivo”, gracias a la flexibilidad para inscribir a los niños en la capital argentina. Hubo casos con efectos devastadores, como una mujer alemana que rechazó el niño gestado. Estos casos son un desafío para la Justicia, para aplicar el delito de trata de personas que hasta ahora sólo preveía sanción penal cuando había captación y explotación laboral o sexual.

El caso Córdoba

Después de meses de investigación, en agosto de 2024 los fiscales Senestrari, Gonella y Mángano imputaron a nueve profesionales o personas vinculadas a las clínicas Fecundart y Nascentis. De ese total, recientemente promovieron cinco sobreseimientos, faltas de mérito y cuatro procesamientos. Quedaron fuera del expediente Luciana Szrank, Edgar Domingo Gribaudo, Romina Vittar, María Soledad Expósito y Miguel Ángel Norverto. Sostienen que la captación —una de las características de la trata de personas— se dio a través de redes sociales o medios digitales; además de un trabajo “personalizado” con potenciales gestantes para que aceptaran los términos del acuerdo o acercaran a otras mujeres para realizar la práctica.

El carácter comercial es la característica sustancial. Los montos de dinero —que no se pudo establecer en muchos casos— que pagaron las parejas con vocación procreacional que solicitaban el tratamiento de subrogación de vientres, está presente en todos los casos. Hay un testimonio impactante: una pareja relató en la Justicia que el abogado Gigena les pidió que le pagaran con “billetes nuevos, dólares cara grande, azules, de cien”. Evidencia el factor determinante del dinero.

Hay parejas que dijeron haber pagado US$10.000. En otros casos se habla de más de US$40.000, pero no queda claro cómo se distribuían los montos: cuánto era para la clínica, el abogado, la psicóloga que hacía el informe de aptitud de la potencial gestante y cuánto para las mujeres, el eslabón más vulnerable.

Los fiscales analizaron 14 casos de tratamientos que se realizaron en ambos centros especializados en reproducción humana entre los años 2017 y 2023.

¿La decisión de las mujeres gestantes fue totalmente libre?

Es otro aspecto sobre el cual se plantea la hipótesis de trata, ya que muchas de ellas fueron contactadas años atrás para donar sus óvulos. Por esa práctica habrían recibido una retribución. Sus datos quedaron agendados en las clínicas y a partir de la demanda de parejas para subrogar vientres, las convocaron y les ofrecieron gestar. En otros casos, ellas mismas se acercaron a partir de la publicidad en redes sociales. 

Hay un denominador común: las mujeres que accedieron a gestar reconocieron que lo hicieron por necesidades económicas, como construir una pieza más en su casa, tener un ingreso para alimentar a sus hijos. Una de ellas estaba en situación de calle. 

Uno de los episodios más delicados mencionados en la causa involucra a una mujer que, tras dar a luz mediante una gestación subrogada, habría sido contactada nuevamente apenas 45 días después del parto para iniciar otro proceso. En ese caso, la Justicia de familia rechazó la autorización al considerar que el intervalo entre embarazos implicaba riesgos para su salud y que el consentimiento podía estar condicionado por su situación social.

A pesar de que sobrevuela el concepto de retribución o pago, ninguno de los imputados reconoció hasta el momento cuánto cobró y cuánto o quiénes les pagaron a las gestantes. Se sospecha que ellas fueron las que menos ganaron en el negocio que movió millones de pesos.

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La mentira para conseguir el aval judicial

En Córdoba, la práctica de subrogación de vientre debe ser autorizada por un tribunal de Familia. Caso contrario, el niño debe ser inscrito a nombre de la mujer que lo dio a luz. No está prohibida, pero los jueces homologan acuerdos entre parejas comitentes y mujeres gestantes cuando hay un fin altruista, conocimiento previo entre las partes, buenas condiciones de salud y un vínculo afectivo que pueda explicar por qué una mujer puede llevar adelante un embarazo de un niño que no será su hijo, con el desgaste físico y limitaciones propias del estado a lo largo de nueve meses. 

En los casos analizados por los fiscales federales hay pedidos de homologación de acuerdos donde se señala que no hay dinero de por medio, que era una actitud humanitaria, de ayuda y que se conocían. Todo era una farsa. En todos los casos las parejas y las gestantes se conocieron en las clínicas que operaron de intermediarias para que se pudieran concretar las subrogaciones de vientre. 

Para la fiscalía, el problema central no es la gestación por sustitución en sí —una práctica que en Argentina no cuenta con una regulación específica— sino su eventual transformación en un negocio que puede derivar en explotación de mujeres vulnerables. Los pedidos de procesamientos y de sobreseimientos deben ser evaluados por el Juzgado Federal 2, cuyo titular es Alejandro Sánchez Freytes, quien resolverá si existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia de juicio.