Juan Pablo Quinteros: “Las amenazas de tiroteos no son travesuras, son delitos”

La Policía de Córdoba y la Justicia del fuero Penal Juvenil realizaron esta semana cerca de 70 procedimientos en colegios, en el marco de una serie de amenazas de tiroteos y la detección de armas de fuego, réplicas y cuchillos dentro de instituciones educativas.
Los operativos se desplegaron principalmente a partir de mensajes intimidatorios escritos en paredes, en especial en los baños de los establecimientos escolares, que generaron preocupación en la comunidad educativa y obligaron a activar mecanismos de prevención y control.

La multiplicación de estos hechos en pocos días llevó al Ministerio de Educación de la Provincia a reforzar las medidas. En ese contexto, envió una instrucción formal a las escuelas junto con un protocolo de actuación que si bien ya era conocido por los docentes, ahora se busca aplicar con mayor rigurosidad. “Ante las amenazas sobre posibles hechos de violencia escolar, solicitamos prestar especial atención al cuidado de lugares estratégicos y asignar a todo el personal para la revisión de espacios, cuidado y observación de los grupos de estudiantes, sin desestimar ningún tipo de mensaje”, indicaron desde la cartera educativa.

En ese sentido, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó que los hechos denunciados “no son bromas ni travesuras y tampoco actos de rebeldía, por lo que estamos actuando en consecuencia, para que la Justicia luego decida los pasos a seguir”.

—¿Cuántos casos tienen registrados de amenazas en escuelas?
—El número en sí no es lo que nos debe preocupar, sino el fenómeno en general. Estamos articulando con el Ministerio de Educación todas estas situaciones que aparecieron tanto en Córdoba capital como en el interior. Además, formo parte de la red de ministros de Seguridad del país y lo que vimos en las últimas horas es que este tipo de hechos se está replicando en distintas provincias como Mendoza, Buenos Aires, Capital Federal y San Luis. Esto parece responder a un efecto contagio, donde se imitan conductas, y claramente va a seguir creciendo si no se toman medidas. Por eso en Córdoba estamos actuando: esto no es una travesura ni un acto de rebeldía, es un delito. Aunque lo cometan menores, se investiga, se realizan allanamientos y se pone todo a disposición de la Justicia, que luego define cómo proceder.

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—¿Todos los casos siguen un mismo patrón o hay diferencias?
—Hay que diferenciar claramente dos situaciones. Por un lado, están quienes escriben estos mensajes para llamar la atención, para convertirse en una especie de referente entre sus compañeros o incluso para lograr que se suspendan las clases. Por otro lado, hay casos más preocupantes, como el que investigamos el jueves, donde aparece una posible vinculación con comunidades digitales que exaltan la violencia. Estamos hablando de grupos como la llamada TCC (True Crime Community), que funcionan a nivel global y donde se promueve este tipo de conductas.

—¿Cómo funcionan esas comunidades?
—Son redes en las que se comparten contenidos de extrema violencia. Hay desde instrucciones sobre cómo manejar un vehículo para provocar daño, hasta el uso de armas o incluso fabricación de explosivos. Es una lógica de culto a la violencia, donde se busca el impacto y el protagonismo. Estas comunidades suelen ser cerradas, aunque globales, y si bien no siempre llegan a concretar hechos, en algunos casos sí pueden derivar en situaciones graves, como ya ocurrió en otros lugares del país.

—¿Cómo se investiga cuando aparece una amenaza en una escuela?
—Cuando aparece un mensaje, se activa automáticamente un protocolo. Se da intervención a la unidad judicial correspondiente, se inicia la investigación y, si se logra identificar al autor, se ordenan allanamientos y se secuestran dispositivos como teléfonos celulares para determinar el alcance del hecho. Es importante que quienes hacen esto entiendan que no es una broma: puede encuadrar como intimidación pública, amenazas o coacción, y genera un impacto social muy fuerte en la comunidad educativa.

—¿Qué casos concretos tuvieron recientemente?
—El jueves pasado tuvimos dos situaciones: una vinculada a una investigación por estos mensajes y otra en el interior, donde un adolescente envió por WhatsApp imágenes manipulando un arma de fuego. En ese caso, un padre hizo lo correcto: denunció la situación. Se realizó un allanamiento, se secuestró el arma —que pertenecía legalmente al padre— y se inició una causa judicial, porque claramente esa arma no podía estar en manos del menor.

—¿Qué rol cumplen las familias en este contexto?
—El primer anillo de contención tiene que ser la familia, no hay dudas. Después viene la comunidad educativa y, finalmente, el trabajo que hacemos nosotros con la policía y el Poder Judicial. Sin ese primer control, es muy difícil intervenir a tiempo. Por eso insistimos tanto en la responsabilidad de los adultos en detectar y actuar frente a estas situaciones.

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—¿Cómo se enfrenta un fenómeno que es global y digital?
—Es un desafío complejo porque estas redes no tienen una estructura clara ni un liderazgo definido. Son muy horizontales y se nutren de distintos lugares del mundo. Nosotros estamos trabajando con organismos internacionales. La Policía de Córdoba forma parte de Ameripol, una red de cooperación entre fuerzas de América, que permite abordar delitos transnacionales. Así como se avanzó en temas como la pedofilia, ahora estos fenómenos también van a formar parte de la agenda.

—¿El problema es sólo local o forma parte de algo más amplio?
—Es un fenómeno global. Hoy, con un celular, cualquier persona puede acceder a contenidos o comunidades en cualquier parte del mundo de manera instantánea. Las fuerzas de seguridad tenemos que adaptarnos a esa realidad, incorporar tecnología y trabajar de manera coordinada con otras jurisdicciones. En Argentina, este fenómeno tuvo un punto de visibilidad fuerte a partir de un caso en Santa Fe, pero claramente no es un hecho aislado.

Claves del protocolo ante amenazas en escuelas

-No desestimar ningún mensaje: toda amenaza debe ser tomada en serio.

-Detección temprana: identificar pintadas, mensajes o conductas sospechosas.

-Refuerzo de controles en espacios críticos como baños y sectores comunes.

-Aviso inmediato a autoridades: directivos, Ministerio y fuerzas de seguridad.

-Activación del protocolo institucional ante cada caso detectado.

-Evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico en la comunidad.

-Priorizar la calma y el orden interno dentro de la escuela.

-Ante presencia de un arma, no confrontar y pedir que se apunte a un lugar seguro.