La crisis que atraviesa el Pami comienza a sentirse con fuerza en el sistema de salud público de Córdoba, donde el aumento de la demanda no encuentra respaldo en los recursos disponibles. El cambio en el esquema de pagos impulsado a nivel nacional, sumado a medidas de ajuste que implementó el presidente Javier Milei, está generando un corrimiento de pacientes hacia hospitales provinciales y municipales, que ya operan bajo una fuerte presión.
El deterioro de las prestaciones y los bajos ingresos de los jubilados fue el ring al que se subieron autoridades de la Provincia para poner en el centro de escena el “modelo de gestión libertario”, que ya muestra consecuencias concretas en la provincia. El propio Martín Llaryora marcó diferencias con la política nacional, al sostener que Córdoba incrementó su presupuesto en salud, defendiendo esa decisión como una forma de evitar que la crisis recaiga sobre los sectores más vulnerables.
También dejó una definición política con fuerte contenido económico al afirmar que un modelo no sólo debe ordenar números, sino también generar empleo y sostener a la gente adentro del sistema. En ese marco, cargó duro contra las autoridades de Pami, al afirmar: “No se escondan más, pongan la cara y los recursos”.
El dardo apuntó de manera directa a Gabriel Bornoroni, quien no se refirió al tema pese a que el armado de la cúpula del Pami estuvo a su cargo, primero con la designación de su socio en el estudio contable, Marcos Patiño Brizuela, quien en diciembre asumió como diputado en esta provincia y fue reemplazado por otro hombre de extrema confianza del diputado, Eduardo Frayre, vicepresidente 1° la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), la entidad que cobijó a Bornoroni antes de dar su salto a la política.
La vicegobernadora Myriam Prunotto también se refirió al tema y marcó diferencias con Nación. En diálogo con Punto a Punto Radio sostuvo que “estamos muy preocupados por esta situación. Hace diez días cerró una clínica en Marcos Juárez y dejó sin atención a 5.500 jubilados”. A ese cuadro se suma el nivel de ingresos de los adultos mayores y el aumento de costos básicos como alimentos y combustibles. “Cuando te hablan de una inflación del 3,4% y ves que la carne subió casi un 10%, hay algo que no se condice con la realidad que vive la gente”, sostuvo.
Prunotto fue especialmente crítica con el argumento del orden fiscal esgrimido por el gobierno nacional. Si bien reconoció que se muestran mejoras en las cuentas públicas, planteó que ese resultado tiene un costo social elevado. “Dicen que hay superávit, pero ¿a costa de qué? A costa de dejar sin salud a los abuelos, de que no puedan comprar un remedio o alimentarse. Es muy grave lo que está pasando”, afirmó.
Un sistema en crisis
En Córdoba, el Pami cuenta con casi 500 mil afiliados, que históricamente se atendieron en clínicas privadas. Sin embargo, la modificación del modelo —basado en una cápita cerrada y una reducción en el reconocimiento de prestaciones— comenzó a mostrar sus efectos: conflictos con médicos, demoras en turnos, cupos y distintas formas de restricción en la atención.
Desde el Ministerio de Salud de Córdoba advirtieron un incremento sostenido en la atención de pacientes provenientes del Pami, en un contexto donde no sólo no hay refuerzos presupuestarios, sino que además se acumulan retrasos en los pagos por prestaciones ya realizadas. Según datos oficiales, la deuda asciende a $2.940.013 millones a valores nominales, aunque si se computaran intereses —como ocurre con otros financiadores— el monto superaría los $4.709.377 millones. El problema es que la obra social nacional no reconoce esos intereses ni admite mecanismos de embargo, lo que limita las posibilidades de recuperación.
Desde la cartera que encabeza Ricardo Pieckenstainer se señaló que existe una diferencia estructural en la forma de liquidación. Mientras el sistema local utiliza el nomenclador de Apross, Pami sólo valida su propio esquema, que se encuentra desactualizado y reduce el valor real de las prestaciones.
En términos operativos, esto genera un doble efecto: por un lado, menor ingreso de fondos; por otro, mayor volumen de pacientes. El resultado es un sistema “en tensión permanente”, donde los hospitales deben absorber la demanda sin contar con financiamiento acorde. El peso del Pami en la estructura sanitaria es determinante. Se trata del principal financiador en volumen de prestaciones y el que concentra la mayor cantidad de facturación en el sistema de recupero de gastos.
Deterioro constante
Los médicos de cabecera de PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), representados por Carlos Mulqui, explicaron que uno de los detonantes del conflicto fue la fuerte caída en los ingresos de los profesionales. Desde el inicio del mes los médicos sufrieron un recorte del 52% en sus honorarios, lo que equivale, graficó, a “cobrar la mitad del sueldo”. La situación impacta directamente en la disponibilidad de profesionales, especialmente en el interior, donde muchos médicos evalúan dejar de cubrir guardias ante la baja remuneración.
A esto se suma un problema estructural: las deudas acumuladas del PAMI con clínicas, sanatorios y centros de salud, lo que genera una cadena de dificultades que termina afectando todo el sistema. Uno de los efectos más visibles es el aumento en los tiempos de atención. Mulqui señaló que hoy conseguir un turno con un especialista puede demorar hasta tres meses, a lo que luego se suman nuevos plazos para estudios complementarios, extendiendo los diagnósticos a seis meses.
Pero el problema no se limita a la atención médica. Según el referente gremial, también se registra un fuerte deterioro en el acceso a medicamentos. “Hay remedios que antes eran 100% cubiertos y hoy los pacientes pagan entre el 40% y el 50%, con precios que superan los 80 mil pesos”, explicó.
