La obra social de jubilados y pensionados nacionales atraviesa uno de sus momentos más delicados, marcado por un ajuste fiscal riguroso que ya impacta en toda la cadena sanitaria y que parece haberse profundizado en las últimas semanas. El organismo convive con una fuerte restricción de gastos, mientras se aguarda que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, decida una inyección de fondos frescos para oxigenar el sistema y aliviar algunas urgencias.
En Córdoba, la situación no difiere en demasía de lo que ocurre en el resto del país, el esquema prestacional opera al límite; sin embargo, es la incertidumbre lo que termina de complejizar la situación, según explican los propios actores del sistema de salud. En medio de este escenario de restricciones, han quedado los jubilados y una red sanitaria que no divisa un rumbo claro.
Juan Grass, presidente de la Confederación Nacional de Clínicas (Confeclisa) y director del Hospital Italiano, uno de los principales prestadores de la obra social de jubilados en el país, explica que esta restricción económica se agudiza desde finales del año pasado. Además, advierte que el sistema se enfrenta a una realidad demográfica ineludible: “El Pami nuclea a un grupo etario que es el que más consume; todas las personas que superan los 65 años demandan atención médica y ese gasto es obligatorio. Hay que tener en cuenta que Pami brinda no sólo prestaciones médicas, sino también contención social a través de geriátricos, pañales y diversas ayudas”.
Para el directivo, el desdoblamiento de los pagos mensuales genera una fragilidad extrema en las instituciones: “En una economía de salud tan débil, eso genera problemas. El valor de las prestaciones está muy bajo respecto a los costos actuales y el Instituto está restringiendo la prestación”. Según Grass, parte del desbalance actual se explica por el fin de recursos específicos: “En su momento, el organismo contaba con los ingresos del Impuesto País, lo que otorgaba fondos frescos. Al quitarse ese tributo, el financiamiento se achicó drásticamente y obligó a medidas de emergencia, como el cupo prestacional”.
Grass enfatiza que el problema de fondo es la falta de un horizonte estratégico en medio de una emergencia sanitaria que lleva 25 años sin resolverse: “No sabemos cuál es el proyecto de salud que pretende el Gobierno. Se habla de provincializar la salud, pero no está claro qué significa eso ni si se podrán mantener las prestaciones delegando toda la responsabilidad en las provincias”.
“Es todo muy inhumano”.
Desde una perspectiva política y de gestión, la extitular de Pami Córdoba, Olga Riutort, es tajante al calificar la situación actual como un “vaciamiento”. Según su visión, el sistema está entrando en una fase de desfinanciamiento peligroso que paraliza incluso los servicios básicos. “Es toda una cadena muy inhumana, porque la gente se va a morir. Los kinesiólogos, odontólogos y médicos de cabecera ya no pueden derivar con normalidad. Estamos viendo lo mismo que hicieron con discapacidad: achican presupuesto hasta que todo desaparezca, el viejo que no tenga quién lo ayude, no tendrá chance de sobrevivir; es una decisión política”, completó.
Palabra de médico.
La crisis también se traduce en números rojos para quienes están en el frente de batalla: los médicos de cabecera. El médico gerontólogo Carlos Presman, histórico referente de la atención a afiliados de Pami, describe un recorte drástico en los honorarios profesionales. “Un médico de familia con 700 afiliados, que redondeaba tres millones de pesos por mes, al pagarle solo la cápita fija y quitarle el extra por atención, vio reducido su ingreso un 50%”, detalla Presman quien advirtió que muchos profesionales ya percibían ingresos magros (cercanos al millón y medio de pesos), por lo que este recorte los deja en una situación de extrema vulnerabilidad.
Para el especialita, este sistema es “expulsivo” y genera un aumento en la mortalidad que ya empieza a reflejarse en las estadísticas: “Cuando cobrás todo capitado, nadie quiere atender; se vuelve un sistema de rechazo”, señaló y sumó una información que preocupa: “Desde que asumió Milei, la mortalidad aumentó de manera equivalente al Covid, los indicadores empeoraron. No hay vacunas para la gripe y el sistema tradicionalmente se satura con neumonías. Es una idea pésima la de no dar servicio hoy, porque después sale más caro en internaciones de urgencia y, sobre todo, en vidas perdidas”.
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La respuesta oficial y la “carga” demográfica
La incertidumbre que viven los prestadores fue alimentada esta semana por el propio ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, durante su presentación en el AmCham Summit 2026. Lugones describió la estructura demográfica del instituto como una “carga muy grande” e hizo hincapié en el millón de afiliados que superan los 80 años y los más de seis mil que superan el siglo de vida.
El ministro justificó el ajuste apelando a un “desorden administrativo histórico” y reconoció que se han tenido que emitir resoluciones de emergencia para saldar convenios que estaban vencidos desde 2009. Sin embargo, su mensaje fue claro: la responsabilidad primaria de la salud debe ser jurisdiccional, es decir, de las provincias. Para Lugones, el rol de la Nación debe ser rector, lo que deja entrever que el financiamiento del Pami seguirá bajo un férreo control a pesar de los reclamos. Sin una hoja de ruta que defina el nuevo modelo de gestión, el sistema de salud para la tercera edad permanece en una zona de transición donde el ordenamiento fiscal y la garantía de atención básica todavía no encuentran un punto de convergencia.
