Decisiones y Estado nacional

Ningún ministro de Educación se despierta por las mañanas pensando qué daño puede infligir al sistema educativo. Ninguna ministra visita escuelas con la idea de añadir problemas a los ya heredados. Más bien, todo lo contrario. Creen hacer lo correcto a pesar de las restricciones que tienen. Todos confían en que las medidas que impulsan son un aporte a la educación que administran. Sin embargo, los logros son escasos y los retrocesos, preocupantes.

Luego de varias décadas en que se invirtieron millones de dólares en acciones de la más diversa naturaleza, es arduo comprender las dificultades que enfrentamos en la actualidad. No solo fue la inversión en infraestructura, equipamiento, capacitación, libros y computadoras.

También se impulsaron y modificaron leyes generales de educación, se terminaron de provincializar las escuelas, se coordinaron con esfuerzo las actividades de distintos niveles de gobierno, se cambiaron programas curriculares y se adoptaron diversas medidas sobre el régimen académico.

Aun así, la sensación de deterioro que pesa sobre nuestro sistema educativo es muy fuerte y el panorama no es alentador. Lamentablemente, no se trata solo de una impresión: año tras año, la evidencia disponible sustenta y retroalimenta esa percepción.

Sobre todo, si se repara en que lo que vino después fue una nueva etapa (…) en que se redujo notablemente la presencia del Estado nacional, tanto en acciones como en recursos financieros. En paralelo, o como consecuencia –según se quiera ver–, asistimos a una dispersión de iniciativas provinciales. Es prematuro aventurar en qué desembocarán, si consolidarán una incipiente disgregación educativa o si obligarán a rever la ausencia de coordinación y se corregirá el rumbo.

¿Por qué las intervenciones de diferentes administraciones de ideologías y geografías de lo más variadas no lograron mejorar los aprendizajes? ¿Podrían haberlo hecho? En rigor, y para no ser injustos, en estos lustros algunas medidas parecen haber incidido en el aumento de la cobertura y retención escolar. No es menor. Pero para ello se tomaron decisiones y se asignaron recursos que otrora no eran necesarios. Es inevitable plantear el contrafáctico: ¿qué habría ocurrido de no haber actuado de ese modo? ¿La tasa de escolarización sería la misma? Más inquietante aún es pensar si siempre se requerirán más dinero y más normas que resten márgenes de acción y autoridad a las escuelas para sostener ciertos indicadores educativos. A la par de la creciente escolarización, y por diversos motivos, también fue aumentando el porcentaje de familias que eligen escuelas privadas para sus hijos. ¿Se trata de una cuestión aspiracional o es la manifestación de una insatisfacción silenciosa respecto de las estatales?

Las preguntas son muchas y las respuestas, pocas y siempre preocupantes; incluso, a veces, imprecisas y contradictorias. Los políticos llegaron a atribuir logros a medidas que todavía no habían sido adoptadas cuando se evaluaron los aprendizajes –sin mencionar que ningún indicador por sí solo, y menos en el corto plazo, es suficiente para medir el resultado de una política educativa–.

O, si no, se acusó del bajo desempeño escolar a la discontinuidad de acciones cuya contribución no había sido efectivamente probada. En el extremo, hubo quienes afirmaron que el aumento de la matrícula privada se debió a la mejor situación económica, pero no pudieron explicar los motivos del extraño comportamiento según el cual las familias desearían pagar ahora lo que antes tenían gratis o, si se quiere, que ya pagaban con sus impuestos.

Salvo algunas pocas voces disidentes, escasean las miradas críticas de lo sucedido en las primeras décadas de este siglo. Es más, con el correr de los años crece la nostalgia por los buenos viejos tiempos de mejores salarios, nuevas leyes a favor de la educación, numerosos programas nacionales y millones de bienes distribuidos entre las escuelas y sus estudiantes. En sentido contrario, donde no hay recelo es en la impugnación a la última década del siglo pasado. Por contraste, crece la brecha en la percepción sobre ambos períodos. Sin embargo, los análisis no son simétricos: de los años noventa se miran sus resultados, de los dos mil solo los procesos; del primero se omiten los datos sobre lo realizado; del segundo abundan estadísticas de lo suministrado. Como las fuentes de las intervenciones son de dos gobiernos contrapuestos ideológicamente, de uno se critica su pecado de origen y del otro se ensalza su gracia santificante. 

Desde el marco provisto por el análisis de las políticas públicas, ambos períodos tienen mucho para decirnos y enseñarnos. Debido a ello, podremos ver por qué ni la reforma de los años noventa ni el amplio despliegue de los dos mil podían alcanzar sus objetivos. Aunque también ilustraré con otros momentos, gran parte de las reflexiones en este libro giran en torno a lo sucedido en el país entre 1994 y 1999, el lustro en que se implementó en mayor medida la Ley Federal de Educación, y entre 2005 y 2015, la década con más bonanza de recursos para el sector desde el regreso de la democracia. 

*Autor de Crítica de la política educativa, SXXI editores. (Fragmento).